Asociaciones judiciales cuestionan que el Gobierno obligue a identificar a usuarios de locutorios
Asociaciones judiciales y expertos cuestionan la medida incluida en el anteproyecto y tachan la medida de excesiva, con difícil justificación y estigmatiza a los inmigrantes. Jueces para la democracia recuerda que es excede los límites para controlar los datos de las personas" estamos yendo a una tendencia expansiva peligrosas que sobre pasa los derechos individuales.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana obligará a los locutorios a identificar y registrar la entrada de cualquier usuario. Interior asegura que se hace por motivos de lucha contra el terrorismo islámico y ciberdelitos al amparo del anonimato de estos establecimientos.
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Interior quiere obligar a ciertos establecimientos abiertos al público a llevar un registro de usuarios. Ya se hace en hoteles o casas de empeño, pero el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye también a locutorios. Según Interior, se incluyen porque algunos locales se utilizan con fines de radicalización, para entrar en foros yihadistas o cometer ciberdelitos. Una medida que, de ser este el objetivo, catedráticos de derecho penal consultados y colectivos judiciales califican de "desproporcionada".
Pedir el DNI para hacer una llamada telefónica o utilizar una conexión de Internet puede no ser anticonstitucional pero claramente excesivo, explican. La especialista en derechos penal, Araceli Manjón, creen que "quieren controlar así a los inmigrantes sin papeles" con dudoso encaje legal. "Afecta a miles de personas para quizá prevenir alguna acción terrorista. Si hay sospechas debe avisarse a un juez para que investigue, vigile o intervenga el locutorio pero no aplicar una medida preventiva de estas características".
Desde Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, asegura que es un caso más de aplicación de "un criterio general de peligrosidad social a todos los inmigrantes injustificado" y "supone una nueva estigmatización". Además del riesgo que genera para la confidencialidad de los datos personales, "a la vista de que los locutorios tienen una gestión poco estructurada, y en manos de gestores que no pueden compararse con los establecimientos hoteleros".
Jueces para la Democracia advierte que si el Gobierno intentara que los inmigrantes sin papeles no entren a los locutorios sería inconstitucional porque afecta a la libertad personal y vulnera el principio de igualdad ante la ley.
La medida está incluida en la redacción del anteproyecto y aunque ya se presentó en Consejo de ministros, el artículo 24 había pasado hasta ahora desapercibido, como adelantó el Confidencial. El artículo no dice nada de restringir la entrada a inmigrantes sin documentación y hace referencia únicamente a la obligación del registro de entradas de clientes a quienes ejerzan "actividades relevantes para la seguridad ciudadana, tales como hospedaje, servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público" y deja abierto a que se incluyan otros establecimientos "para el mantenimiento de la seguridad ciudadana".
Según fuentes de Interior, pretende dar cobertura a obligaciones de registro documental que pueden tener establecimientos abiertos al público en los que se pueden cometer o encubrir delitos. Aseguran que no se pretende restringir la entrada o el uso de estos locales a los sin papeles sino "evitar que en hoteles y hostales se alojen personas contra las que existen órdenes de detención".
