La violencia amenaza el Estado de Derecho en Venezuela, según Amnistía Internacional

José Alejandro Márquez, ingeniero de sistemas, de 45 años, casado y con dos hijas, murió el pasado 23 de febrero en un hospital de Caracas como resultado, según sus familiares, de los golpes que le propinaron oficiales de la Guardia Nacional cuando fue detenido para quitarle el teléfono móvil con el que estaba filmando a los oficiales que estaban retirando una barricada. Márquez había salido de su casa el 19 de febrero. Pocas horas después unos vecinos informaron a la familia de que había sido detenido por la Guardia Nacional y, tras buscarle por varios centros de detención, lo encontraron un un hospital de la capital venezolana, semidesnudo, amarrado de brazos y piernas a una cama: "Lo encontramos ahí, tirado en una camilla de hospital (...) Lo habían amarrado con su propia camisa", relató su esposa a Amnistía Internacional.

Este es uno de los casos recogidos en el informe 'Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas' y que ha sido presentado este lunes en Madrid por la organización de derechos humanos. Entre el 5 de febrero hasta el 27 de marzo al menos 37 personas han muerto, incluidos manifestantes a favor y en contra del gobierno, personas ajenas a las protestas, y 8 funcionarios de la Guardia Nacional. Amnistía Internacional ha documentado que más de 550 personas han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego.

Según datos publicados por la Fiscalía General de Venezuela el 27 de marzo, 2.157 personas fueron detenidas durante las protestas. La mayor parte han sido liberadas pero continúan enfrentándose a cargos que podrían costarles años de prisión.

Amnistía Internacional ha documentado abusos de derechos humanos en Venezuela cometidos por las fuerzas de seguridad, grupos pro-gubernamentales, manifestantes e indivduos no identificados. La organización de Derechos Humanos ha documentado violaciones de derechos humanos desde que se iniciaron las protestas, entre las que se incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y violaciones al derecho a un debido proceso al restringir a los detenidos el acceso a un abogado asi como vulneración al principio de presunción de inocencia, por parte de autoridades gubernamentales, al hacer declaraciones incriminatoriaa en casos de detención de algunos líderes de la oposición. "La organización también ha recibido denuncias de defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, con lineas editoriales tanto críticas como cercanas al gobierno (de Maduro), que habrían sido acosados y atacados", ha explicado Esteban Beltrán, Director de Anmístía Internacional España.

Amnistía Internacional pide una investigación "exhaustiva, independiente e imparcial" de todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos recibidas en el contexto de las protestas, para esclarecer responsabilidades y llevara a los responsables ante la justicia. AI insta a todos los líderes políticos del país, incluídos los de la oposición, a enviar una señal clara y contundente a sus simpatizantes de que se abstengan de cometer violaciones de los derechos humanos. Propone la ONG que gobierno y oposición avancen por la vía del diálogo y considera que es esencial que se ponga en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos.

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"O los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia que llevará incluso a un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos" concluye Esteban Beltrán.