El PP de Jerez niega la reapertura del caso pese al auto del juez Ruz

Madrid

El magistrado de la Audiencia Nacional admite el recurso de la Fiscalía Anticorrupción lo que implica la reapertura de la causa y pide un informe a la IGAE antes de decidir nuevas diligencias.

El auto avanzado este lunes por la Cadena SER del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre la "pieza separada denuncia ayuntamiento de Jerez" de la Gürtel, es claro en su parte dispositiva. Ruz afirma que "se estima el recurso de reforma formulado por el Ministerio Fiscal y por el procurador" de una de las acusaciones populares "contra el auto" de archivo del anterior magistrado instructor, Antonio Pedreira.

¿Y qué implica "estimar el recurso de reforma ... contra el auto" de archivo?, revocar el sobreseimiento de la causa y reabrir la investigación de las adjudicaciones de Jerez a la trama en 2004. Una conclusión evidente a la vista de la exposición razonada del magistrado que sin embargo han negado este martes tanto la principal implicada, la alcaldesa, senadora y mujer fuerte del nuevo equipo de Moreno Bonilla, María José García Pelayo, como el presidente del PP en Cádiz, Antonio Sanz.

García Pelayo ha afirmado que "no se reabre nada", negando de esta manera que el juez haya abierto esta pieza separada de la investigación.

Y Antonio Sanz, por su parte, se ha pronunciado en similares términos:

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Además, Sanz falsea el contenido del auto al asegurar que en su parte dispositiva, Ruz solo pide un informe a la IGAE, cuando es claro al admitir los recursos que implican la reapertura:

Los hechos controvertidos son la adjudicación a Special Events, por parte de García Pelayo, de la "prestación de servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2004" y el "acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre" en la misma feria, a través del Instituto de Promoción y Desarrollo jerezano que también presidía la alcaldesa.

Información privilegiada y falsificación documental

Según el último informe de la UDEF remitido a Pablo Ruz sobre las contrataciones bajo sospecha en Jerez, las empresas de Correa no solo se adjudicaron por el procedimiento negociado y sin publicidad ambos actos por unos 200.000 euros, sino que el proceso estuvo plagado de irregularidades. La UDEF destaca que las empresas de la trama gozaron de información privilegiada por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo (IPD)" de Jerez, que también presidía García Pelayo.

Además, los agentes sostienen que "la documentación" para presentarse a los concursos negociados sin publicidad "fue elaborada y entregada" en este Instituto de Promoción "una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización", y se habrían falsificado las fechas de los contratos.

La UDEF también apunta como mediador en la operación al asesor de siempre de Javier Arenas, Isidro Cuberos. Los agentes han propuesto a Ruz que cite a declarar a Cuberos.

En un limbo durante tres años

Esta pieza fue archivada en 2011 por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, pero como destaca el juez Ruz en su auto, el propio Pedreira admitió en junio de aquel año el recurso de reforma presentado por el Ministerio Público mediante una providencia, en la que comunicó que redactaría el pertinente auto. Sin embargo, Pedreira nunca redactó la exposición razonada por la que enmendaba el archivo. Según advierte Ruz, "hasta la fecha" no se ha resuelto la situación, por lo que ha dado traslado a la acusación popular y a la Fiscalía Anticorrupción, que han ratificado la necesidad de investigar el caso.

El juez, a la vista de los informes de la fiscalía, de una de las acusaciones populares, y también de un informe de la UDEF, ordena la reapertura de la investigación. Pide un nuevo informe a la IGAE como paso previo a solicitar otras diligencias, entre ellas la imputación de la senadora, para lo cual habría que enviar el correspondiente suplicatorio al Senado, y sería una investigación que en cualquier caso debería seguir el Supremo.