Solo un 15% de los autónomos y PYMES se acogerán al IVA de caja
La que fue una de las grandes medidas del gobierno no ha tenido la acogida esperada, según cálculos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
El IVA de caja, la posibilidad de que los autónomos y las PYMES que facturen menos de dos millones de euros al año no tengan que adelantar el dinero del impuesto hasta que se cobre la factura, ha sido un fracaso, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Según el Informe Morosidad 2013, un 40% del total de empresas pueden acogerse al IVA de caja, y de ellas solo el 15% lo ha hecho.
Fue una de las grandes promesas del gobierno. El presidente Mariano Rajoy la nombró en su discurso de investidura en diciembre de 2011. El IVA de caja, que autónomos y PYMES no tengan que ingresar el importe de este impuesto a la Agencia Tributaria hasta que se cobre la factura, entró en vigor en enero de este año. Sin embargo, dado el escaso interés suscitado, según las organizaciones de autónomos, se ha ampliado el plazo hasta el 31 de marzo. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a cerca de un millón de empresas, muestra en su Informe Morosidad 2013 que solo un 15% de las empresas y autónomos que cumplen los requisitos se acogerán al IVA de caja. Son apenas 300.000 de un total de 2,3 millones.
Los cálculos ofrecidos por esta Plataforma coinciden con los aportados por las principales organizaciones de autónomos. ATA y UPTA denuncian que las presiones de los grandes clientes, que con el IVA de caja no pueden recuperar el importe de este impuesto hasta que no hagan frente a la factura, están detrás de este desinterés. La PMcM habla directamente de amenazas de no contratar más productos o servicios si se cambian al criterio del IVA.
Se reducen los plazos medios de pago
El Informe Morosidad 2013 pone de manifiesto que los plazos medios de pago se han reducido el año pasado, pero aún así están bastante lejos de los establecidos legalmente. El sector público paga de media a 111 días, muy lejos de los 30 que establece la ley. En el caso del privado, este se va a 85, pero sigue por debajo de los límites legales, 60 días.
La PMcM denuncia además que un 68% de las empresas están efectuando contratos que estarían vulnerando estos plazos de pago, elevándose de los 60 días legales. El dato contrasta con la abrumadora mayoría que está a favor de que se establezca un régimen sancionador para los morosos.
La PMcM pone el foco en dos leyes
La Plataforma presidida por Antoni Cañete ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial recoge en dos de sus disposiciones finales elementos que fomentarían la morosidad. Se refiere en concreto a las disposiciones finales primera y tercera que dicen "Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido". La PMcM señala que en muchos casos esta práctica, conocida como confirming, conllevaría gastos para el proveedor, sin la garantía de cobrar en el plazo establecido.
Otro texto legal que hace disparar las alarmas a la PMcM es el Real Decreto 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el artículo 216.4 figura lo siguiente: "La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato". La PMcM señala que esto abre la puerta a que "los pagos se prorroguen hasta el infinito", según la Plataforma, ya que se empezará a pagar en cuanto se hayan firmado esas certificaciones, es decir, que queda a expensas de la Administración Pública.
Aldo Gómez
En 'Hora 14'. Antes, había pasado por SER Toledo, Radio Albacete, Radio Madrid y Radio Arosa
