La reforma del aborto, en la lista de retrocesos de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha incluido en la lista de retrocesos elanteproyecto de la ley del aborto propuesto por el Gobiernoque, según ha asegurado,"restringirá gravemente el acceso de mujeres y niñas al aborto"y los"intentos de restringir el aborto"en los últimos años en países como EEUU, Lituania, Macedonia o Turquía.Con respecto al texto propuesto por el gobierno español, el director de la organización en España considera que"no hay un solo resquicio de algo positivo que pueda beneficiar los derechos de las mujeres"sino que las "penaliza de forma subliminal" si quieren abortar.

Por ello, ha indicado que la acción de la campaña en España irá destinada a lograr que el anteproyecto "no se apruebe y sea retirado o modificado radicalmente". De hecho, ha indicado que la organización "hará lo que tiene que hacer para convencer al Gobierno y al Parlamento" y, pese a que no ha anunciado medidas concretas para ello porque "habrá que verlo" conforme avance el trámite parlamentario, ha señalado que contempla realizar una investigación en relación con el proyecto de ley, junto con "acción de lobby" hacia el Gobierno y llevar a cabo "la movilización de la gente".

También ha explicado que el pasado 20 de febrero remitieron una carta al ministro de Justicia con todos los aspectos del proyecto de ley que, a juicio de la organización, "deberían cambiarse" y pidiendo una reunión con él, aunque ha indicado que "todavía no han recibido respuesta".

La iniciativa se incluye en la campaña 'MiCuerpoMisDerechos', que tieneel fin de impulsar la protección de los "derechos sexuales y reproductivos"en varios países del mundo. Insistenen que las personas "tienen derecho a pedir información sobre sexualidad, a acceder a anticonceptivos y a otros derechos de salud relacionados con ellos. También defiendenel derecho a no sufrir violencia sexual y a no ser sometido a "relaciones, embarazos, abortosy la esterilización forzosos y los matrimonios forzados", pero señalan que "estas decisiones están con frecuencia controladas por el Estado, la propia familia, los profesionales médicos o las organizaciones religiosas".