El juez Ruz impulsa la causa por blanqueo contra Jordi Pujol Ferrusola

Madrid

El juez imputa a su mujer, Mercé Gironés, y pide diversas diligencias, entre ellas la investigación sobre la supuesta compra de once coches de alta gama por parte del primogénito del expresident de la Generalitat, que también está imputado por blanqueo.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, impulsa la causa por blanqueo contra Jordi Pujol Ferrusola. En un auto que se ha dado a conocer este jueves imputa por blanqueo de capitales a su mujer, Mercè Gironés, como copropietaria de diversas sociedades del hijo mayor del expresident.

Además, pide a la Dirección General de Tráfico los datos sobre la compra de seis vehículos de lujo de las marcas Lotus, Ferrari, Porsche, Jaguar y Mercedes, supuestamente realizada por Jordi Pujol Ferrusola. También reclama la declaración de los vendedores de otros cinco vehículos, entre ellos dos Ferrari 328 y Testarossa, un Lamborghini Diablo, un Porsche, y un Mercedes, que supuestamente habría adquirido el hijo de Pujol.

El juez también pide a los bancos Crédit Suisse, Rostchild, BBVA y Santander toda la información sobre una veintena de cuentas vinculadas a Pujol Ferrusola, a su esposa, y a empresas relacionadas com ambos.

Por otra parte, realiza un requerimiento en su auto a distintas empresas que contrataban con las sociedades vinculadas al primogénito del expresident Pujol, indaga sobre los cambios de titularidad de sus viviendas y fincas, y accede a la toma de declaración de varios testigos por parte de la Policía Nacional.

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Una exnovia provocó la investigación

Esta actuación judicial se produce tras la denuncia inicial de su exnovia, María Victoria Álvarez, quien aseguró al juez que Pujol Ferrusola llevaba mochilas repletas con billetes de 500 euros a Andorra, y también realizó viajes a México para la gestión de casinos y la construcción de un hotel, y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones. En esta última ciudad, según María Victoria Álvarez, se mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal.

El magistrado Pablo Ruz se negó en principio a investigar el caso al hallar conexión entre la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola y la del empresario Javier de la Rosa, que se había presentado antes en un juzgado ordinario de Madrid. Ruz consideró en enero que la denuncia de María Victoria Álvarez debía investigarse en los juzgados de Plaza Castilla porque la policía había denunciado allí los hechos, y los datos aportados por la denunciante eran "insuficientes" y no venían acompañados por informe policial alguno.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del juez y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó su pronunciamiento, ordenándole que tomase declaración a María Victoria Álvarez porque de su denuncia se desprendían "obvias imputaciones delictivas" que afectaban "tanto a Jordi Pujol Ferrusola como a su familia" por supuesto "blanqueo de capitales".

Una fortuna en paraísos fiscales

El pasado mes de abril, y a instancias de la Agencia Tributaria, Ruz concluyó que Jordi Pujol Ferrusola realizó un total de 118 movimientos de divisas por importe de 32,4 millones de euros entre 2004 y 2012 en un total de 13 países distintos. Muchos de ellos paraísos fiscales o países de fiscalidad laxa como Suiza, Liechtenstein, Andorra, Luxemburgo, Uruguay, Islas Caimán o Gabón. Según el auto del magistrado, el hijo del expresidente de la Generalitat también movió divisas en Croacia, Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido y Francia.

Según el auto emitido por el juez en abril, Pujol Ferrusola movió todo ese dinero desde las entidades bancarias BBVA, Credit Suisse y Banco Mediolanum, y bien como persona física o a través de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions, Inter Rosario Port Services, Project Marketing CAT, Iberoamericana de Bussiness and Marketing, y Active Translation. En esta última firma, Jordi Pujol Ferrusola figura como socio y apoderado único según el registro, y el pasado 23 de enero realizó una ampliación de capital superior a los 7 millones de euros. El objeto social de esta empresa es la compraventa de inmuebles y la administración y explotación de valores mobiliarios, así como la realización de estudios y prospecciones de mercado. El resto de empresas tienen como objeto social el negocio inmobiliario o la prestación de servicios portuarios.