El fiscal quiere que Mas declare en la Audiencia por el asalto al Parlament
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha solicitado declarar por escrito en el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Nacional a partir del 31 de marzo
El fiscal no solo se opone a que declaren por escrito él y la presidenta del Parlament, sino que junto a los otros 33 políticos citados como testigos, puedan declarar por videoconferencia. El fiscal los quiere a todos en Madrid.
La fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparezca en persona en el juicio por el asalto al Parlament de Catalunya que se celebrará a partir del 31 de marzo.
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Se opone a que declare por escrito como había solicitado porque tuvo conocimiento de los hechos "por su condición de diputado" mientras acudía al Parlament a votar la Ley de Presupuestos, y no por su condición de presidente autonómico, por la que sí ostentaría tal privilegio. Además, recuerda que otros cargos públicos que sí tenían la potestad de declarar por escrito, como el expresidente del Gobierno Felipe González en el juicio por el secuestro de Segundo Marey por parte del GAL, rechazó esa posibilidad y compareció ante el tribunal.
El ministerio público también se opone a que la presidenta del Parlament de Catalunya, Nuria de Gispert, pueda declarar por escrito, porque no se encuentra en el listado de altos cargos que pueden disfrutar de ese privilegio durante la fase de juicio oral.
El resto de testigos supuestamente agredidos, dos consejeros del Govern de Caralunya, la delegada del Gobierno y otros 30 diputados autonómicos, habían reclamado declarar por videoconferencia. Y el fiscal rechaza esa posibilidad para todos, incluido para el caso de Artur Mas.
Dice el fiscal que "la prueba testifical así prestada pierde parte de su valor" y que solo debe admitirse "con carácter restrictivo y por causas muy justificadas". Recalca que el ministerio público que los aludidos no acreditan que durante esos días tengan actividad parlamentaria, ni está en riesgo su seguridad por desplazarse a la Audiencia Nacional. Además, recalca la "necesidad de salvaguardar el derecho a la defensa de los acusados" y que por vídeoconferencia es muy difícil reconocer a los supuestos agresores. En definitiva, que la "admisión generalizada de la declaración de los testigos mediante videoconferencia convertiría la excepción en regla general, y privaría al proceso de una parte esencial de la prueba".
Los hechos
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará a partir del 31 de marzo en la sede de San Fernando de Henares el juicio por el cerco 'indignado' al Parlament de Catalunya.
Los hechos se produjeron el 15 de junio de 2011, cuando aproximadamente un millar de personas protestó ante la sede del parlamento catalán "arrojando objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".
La fiscal Teresa Sandoval sostiene en su escrito que "varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal, acciones en las que todos los acusados tuvieron una activa intervención". El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder al edificio en helicóptero.
Los incidentes provocaron que el pleno comenzara con 11 minutos de retraso y tuviera que suspenderse media hora para dar tiempo a que se incorporaran más diputados.
Las testificales tendrán lugar los días dos y tres de abril, y entre los más de 20 testigos citados a declarar se encuentran el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, y parlamentarios como Montserrat Tura, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Alfons López o Ernest Maragall entre otros.
La fiscal atribuye a cada uno de los 20 acusados un delito contra las instituciones del Estado en concurso ideal con un delito de atentado contra la autoridad y a una falta de daños por lo que solicita una pena de 5 años y medio de cárcel para cada uno.
