Grave crisis política en Navarra por las denuncias de injerencias en Hacienda
El PSN-PSOE da 15 días a la presidenta navarra Yolanda Barcina para convocar elecciones o "la echarán" tras abrir una comisión de investigación
La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Navarra, Lourdes Goicoechea(EFE/Jesús Diges)
El Gobierno de Navarra, en manos del partido regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN) puede tener los días contados si la comisión de investigación que el Parlamento foral va a crear este jueves demuestra que las acusaciones vertidas contra la vicepresidenta económica Lourdes Goicoechea por graves injerencias en la actividad de la inspección de la Hacienda Foral se confirman.
El secretario general del PSN-PSOE, Roberto Jiménez, ha dado a conocer la decisión de la Ejecutiva socialista navarra: quince días de plazo a la presidenta Yolanda Barcina para dimitir y convocar elecciones, o lo de lo contrario, ha dicho Jiménez, "la echarán".
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El PSN ha anunciado que negociará una moción de censura para constituir un "gobierno-auditoría" que aclare hasta dónde alcanza el agujero recaudatorio de la comunidad y una vez hecho este trabajo, se convocarán elecciones anticipadas que puedan celebrarse junto a las europeas.
UPN está en minoría en la cámara legislativa navarra. El voto de los socialistas, unido al de Aralar-Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda Ezkerra y Geroa Bai, garantizan la mayoría suficiente para derribar el gobierno de UPN. Los socialistas no apoyaron la moción de censura planteada el pasado año por los grupos nacionalistas vascos e Izquierda Ezkerra tras el escándalo de las dietas ocultas de Caja Navarra. La gravedad de la crisis política e institucional, dice ahora el PSN, hace inviable la perspectiva de que UPN siga gobernando.
Lourdes Goicoechea niega de raíz las acusaciones de la exdirectora y afirma que Nieves ha mentido "por despecho" y ha anunciado una querella contra ella. Las manifestaciones de Idoia Nieves hicieron referencia detallada a presuntas solicitudes de información de Goicoechea sobre empresas a las que ella había asesorado antes de entrar en política, datos que no le fueron entregados porque la ley lo impedía. Según esa versión, la consejera quiso paralizar algunas actuaciones fiscales y modificar otras.
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