Los padres de la niña asesinada en Seseña se quedan sin indemnización
El Supremo sentencia que el Estado no tendrá que hacerse cargo de la indemnización de 300.000 que deben recibir los padres de la menor asesinada, Cristina Martín, después de que los padres de la culpable tampoco hayan pagado
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de los padres de la niña asesinada en Seseña en abril de 2010, en el que solicitaban que el Estado se hiciera cargo de la indemnización que marcaron los tribunales ya que los padres de la menor sentenciada como culpable de la muerte se han declarado insolventes para pagarla. Dice el Supremo, con el apoyo del Abogado del Estado, que la ley española y europea no vincula al Estado a hacer frente a estas indemnizaciones cuando hablamos de familiares de víctimas que no dependían económicamente de los fallecidos.
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No habrá indemnización, por el momento, para los padres de Cristina Martín, la niña de 13 años asesinada por otra menor de edad en Seseña en abril de 2010. Los padres de la menor condenada por el asesinato se declararon insolventes para hacer frente a los 300.000 euros de indemnización que marcó la justicia para los padres de la fallecida, y ahora el Tribunal Supremo rechaza que sea el Estado quien satisfaga esta cantidad, por lo que ya no quedan responsables civiles, a ojos de la ley, que puedan pagar la indemnización. Según ha podido saber la Cadena SER en Toledo, los padres de la fallecida llevarán el asunto ante los jueces de Estrasburgo.
El cuerpo sin vida de Cristina Martín, de 13 años de edad, fue encontrado en abril de 2010 en una antigua cantera de la localidad toledana de Seseña. Un juzgado de menores declaró culpables a otras dos niñas, una por delito de asesinato y la otra por encubrimiento, dictando condenas de internamiento en régimen cerrado y también una indemnización de 300.000 euros para los padres de la fallecida. Tanto la menor condenada por asesinato como sus padres se declararon insolventes para hacer frente a esta cantidad, y los afectados reclamaron al Consejo de Ministros que el Estado se hiciera cargo de esta indemnización.
Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que los padres de Cristina Martín interpusieron contra la decisión del Consejo de Ministros de abril de 2012, que eximió al Estado de hacer frente a la indemnización. Recurrieron ante el Consejo de Ministros porque la sentencia dictada por un Juzgado de Menores de Toledo, que condenó a las dos culpables a diversas penas de internamiento, marcó que debíala condenada por asesinato, o sus padres de forma subsidiaria, quienes se hicieran cargo de una indemnización de 300.000 euros para la familia de la niña asesinada, y se declararon en estado de insolvencia por lo que nadie llegó a pagarles nunca esa cantidad.
El Tribunal Supremo concede que "efectivamente, los padres sufren unos perjuicios y daños atroces", pero añade que es un dolor derivado de la muerte de su hija y que además no dependían económicamente de la menor. Esto, según la legislación española y europa, dicta según el Supremo que no existe "la obligación del Estado de asumir la indemnziación fijada por el juez penal, ante la insolvencia del condenado, en los casos de familiares de la víctima fallecida por un delito violento, cuando tales familiares no estaban a cargo de la víctima. El Abogado del Estado en sus alegaciones también se negó a que el Estado hiciera frente a esta indemnización, señalando que los padres de la niña asesinada "no son víctimas sino familiares de una víctima, aunque sean víctimas indirectas".
Recurrirán ante Estrasburgo
Cerrada la vía del Tribunal Supremo, a los padres de la menor sólo les quedará recurrir esta negativa del Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional o las instancias judiciales internacionales. La intención de los padres de la menor asesinada, según ha podido saber la Cadena SER en Toledo, es llevar el asunto ante los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
