La mansión de un mafioso ruso servirá para insertar a discapacitados intelectuales
Es la primera vez que la justicia adopta una decisión de estas características durante la fase de instrucción en un proceso penal, según fuentes de la Audiencia
La Audiencia Nacional aprueba la decisión del juez Pablo Ruz y destina la mansión embargada en Calvià (Mallorca) al supuesto capo Gennadios Petrov, a la fundación amadip.esment para la rehabilitación e inserción de discapacitados intelectuales
Una mansión utilizada por Gennadios Petrov, el supuesto líder en busca y captura de la mayor banda mundial de delincuencia para la fiscalía, la tambovskaya-malyshevskaya, que ahora servirá para la rehabilitación, formación, inserción y ocio de las casi 800 personas con discapacidad intelectual que atiende la fundación amadip.esment.
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Ruz, quien a propuesta de Anticorrupción, pidió que se concediera a la fundación sin ánimo de lucro el uso de esta mansión fortaleza, ubicada frente a la bahía de Calvià en Mallorca.
Según la Audiencia Nacional, es la primera vez que durante una fase de instrucción en un procedimiento penal, se adopta una medida similar sobre una finca embargada.
Y por doble motivo: atender una necesidad social y salvaguardar el patrimonio embargado, ya que la fundación se compromete a mantener la mansión que en un futuro tendrá que subastarse, con toda probabilidad, para satisfacer las responsabilidades en que hubiera incurrido Petrov.
La decisión acordada por la Sala corrobora la decisión que adoptó el pasado mes de abril el juez Pablo Ruz. En aquel auto el magistrado decretaba la intervención judicial de la finca (que ya estaba embargada) para garantizar su uso y conservación por parte de esta fundación de atención a personas con discapacidad intelectual.
Ruz argumentaba la medida teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados a Petrov, acusado de blanqueo y asociación ilícita en el marco de la 'Operación Troika', y el hecho de que el imputado está huido de la justicia desde mayo de 2012.
Una situación, según Ruz, que de no adoptarse la medida cautelar de intervención "podría el bien inmueble vinculado a los imputados y actualmente sujeto a las medidas de embargo no ser conservado con la diligencia y medidas oportunas y adecuadas a su configuración y naturaleza, disminuyendo su valor a efectos de ulterior comiso para satisfacer las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse".
Unos argumentos que ahora la Sala de lo Penal asume, confirmando el uso de la finca para la mencionada fundación. Realizando una analogía con la jurisdicción civil, la sala recuerda que se trata de garantizar que el bien esté a disposición del tribunal para el fin legalmente previsto, es decir, el aseguramiento de las responsabilidades civiles.
