Jueces para la Democracia denuncia que el Gobierno quiere enterrar la jurisdicción universal

La Asociacion progresista Jueces para la Democracia valora muy negativamente la proposición de ley para la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha sido presentada en el parlamento por el grupo popular, con el apoyo del Gobierno. Dicha reforma, dice el comunicado, supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial de nuestro pais en defensa de los derechos humanos a nivel global.

La asociación recuerda que el principio de jurisdicción universal no supone ninguna invasión de la soberanía ajena, pues únicamente se activa en los supuestos en los que el otro país no actúa ante los más graves crímenes de derecho internacional. Los jueces consideran que "no han existido históricamente problemas de concurrencia o de conflicto jurisdiccional. Al contrario, las disfunciones en la persecución de los crímenes de derecho internacional se producen habitualmente por las situaciones de impunidad. Además, conviene no olvidar que países como Estados Unidos, China o Rusia no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional".

La nueva ley, según la asociación progresista, "no pretende una mejor regulación de la jurisdicción universal, pues lo que busca es enterrarla definitivamente. Tras el primer paso que se dio con la reforma de 2009, ahora se acomete la acción decisiva para impedir el enjuiciamiento de los crímenes más graves cometidos fuera de nuestras fronteras y para conseguir de forma expeditiva el archivo de las causas que se siguen ante la jurisdicción de nuestro país".

La iniciativa del Partido Popular presentada en el Congreso limita la capacidad de impulsar una investigación al fiscal o la persona agraviada y la Asociacion considera "manifiestamente rechazable la atribución de este protagonismo desproporcionado a la Fiscalía, con la finalidad de dejar en sus manos el inicio de los procedimientos en los que el fiscal ha sido tradicionalmente contrario en la persecución de crímenes internacionales".