El Consejo de Europa critica la 'puerta giratoria' de los parlamentarios españoles
En su informe sobre corrupción entre parlamentarios y mundo judicial, pide un código ético que regule sus conductas y señala avances en cuanto a la transparencia con la nueva ley en que trabaja el Parlamento
El Consejo de Europa critica la debilidad en el control de incompatibilidades de los parlamentarios españoles cuando dejan su cargo. En su informe sobre corrupción Judicial y Parlamentaria, pide códigos éticos que marquen unos mínimos a políticos, jueces y fiscales, ante la preocupación mostrada por la sociedad española por los últimos escándalos de corrupción.
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En el informe que han hecho público esta mañana, los expertos del 'GRECO' (Grupo del Consejo de Europa sobre corrupción) dicen que el Parlamento español tiene un muy buen sistema para evitar las incompatibilidades de sus señorías. Pero la cosa cambia cuando se trata de controlar a diputados y senadores una vez dejan su cargo electo. Es la famosa 'puerta giratoria' que toman quienes han estado en las instituciones públicas y luego se pasan a actividades privadas en las que se benefician de sus contactos, conocimientos o decisiones de la anterior etapa. El informe estudia sólo a Congreso y Senado, pero hay situaciones muy parecidas en escándalos que la Cadena SER ha desvelado en el último año y que afectan a exaltos cargos del Partido Popular en Madrid y Castilla-La Mancha.
El estudio, que abarca desde donde lo dejó el anterior, en 2009 y hasta 2012, dice que los gobiernos sucesivos son conscientes del problema y han tomado medidas en algunos aspectos. Incluso explica que algunas de las recomendaciones quedan recogidas por la propuesta de Ley de Transparencia, todavía en el Parlamento.
Pero insiste varias veces en la total falta de códigos éticos que regulen la actividad de parlamentarios, jueces y fiscales. Por ejemplo explica que si se va a votar un tema ante el que un diputado pueda tener un conflicto de intereses, queda a su conciencia el abstenerse. También pide regulaciones para la aceptación de regalos, relaciones con los 'lobbys' o declaraciones de patrimonio y actividades.
El Informe dice entender la percepción de que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano demasiado politizado. Y concentra en la institución de la Fiscalía del Estado buena parte de las críticas. Dice que le falta independencia económica (porque su presupuesto no es independiente del de Justicia) e incluso libertad para disponer de su personal según el criterio del fiscal y no del ministerio. Sugiere cambios basados en modelos de países del entorno español para que sea más independiente.
