El silencio de Juan Cotino obliga a Ruz a tomarle declaración en las Cortes Valencianas
El juez Pablo Ruz se desplazará a Valencia para tomar declaración al presidente del parlamento autonómico, Juan Cotino, ante su falta de respuesta sobre cómo quería declarar como testigo en el caso de la supuesta Caja B del PP, recogida en los 'papeles de Bárcenas'
El silencio de Juan Cotino obliga al juez Pablo Ruz a desplazarse hasta Valencia para tomarle declaración como testigo. Y lo hará el próximo 17 de enero a partir de las 12 de la mañana en el "despacho oficial" del presidente de las Cortes valencianas o en la "dependencia habilitada al efecto".
Ruz citó en su auto del pasado 4 de diciembre como testigo en el caso de la supuesta caja B del Partido Popular a Cotino, por su vinculación con la empresa familiar Sedesa, que figura como donante de fondos al PP en los 'papeles de Bárcenas'.
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En su escrito, el magistrado, atendiendo a la condición de presidente de las Cortes valencianas del exdirector de la Policía Nacional con Aznar, le instó a comunicar si prefería desplazarse hasta la Audiencia Nacional para declarar, o hacerlo en el despacho, preferentemente oficial, que considerase.
Pero Juan Cotino no ha contestado, según ha asegurado Ruz en una providencia que ha dado a conocer este lunes, y por ello ha decidido enviar una comisión judicial del juzgado central de instrucción número 5 que dirige, para tomarle declaración. Esa comisión estará presidida por el propio Ruz, y conformada por el secretario del juzgado y otro funcionario.
El mismo día, pero en los juzgados de Valencia y dos horas antes, el magistrado tomará declaración al sobrino del presidente del parlamento autonómico, Vicente Cotino Escrivà, por los mismos hechos.
Registro del PP
Por otra parte, en la misma providencia, el juez pide a la UDEF que coteje la documentación y el material informático intervenido el pasado 19 de diciembre en la sede nacional del Partido Popular con la incautada en el registro practicado el pasado 27 de septiembre en la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, que habría cobrado en negro parte de las obras de reforma del edificio de la formación conservadora en el número 13 de la calle Génova. El magistrado reclama a la UDEF que una vez culminado el análisis, elabore "un informe global" sobre el resultado de las diligencias practicadas, conclusiones, y propuesta de actuaciones a practicar.
