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El juez Ruz estudiará la legalidad del contrato de Neymar con el Barça

Acuerda practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional antes de decidir si admite a trámite la querella contra Sandro Rosell

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se ha declarado competente para estudiar la querella interpuesta contra el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por el contrato del futbolista brasileño Neymar. Antes de decidir si admite a trámite o no la querella, el juez ha ordenado practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas pedir al club que aporte el contrato del futbolista.

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El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, se ha declarado competente para estudiar la querella que cuestiona el destino de los millones de euros que el FC Barcelona pagó por el futbolista brasileño Neymar Jr. El magistrado anuncia su competencia pero, antes de decidir si admite a trámite o no la querella interpuesta contra el presidente del club, Sandro Rosell, ordena que se practiquen las diligencias solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace unos días, entre ellas pedir al equipo blaugrana que aporte el contrato del futbolista brasileño.

En su auto, el juez admite la personación del querellante, Jordi Cases, y señala que los hechos denunciados, de ser verdaderos, constituirían un presunto delito de apropiación indebida consumado en el extranjero, extremo que le otorgaría la competencia a la Audiencia Nacional.

Antes de decidir si admite a trámite o no la querella, el juez solicita que se ejecuten las diligencias propuestas por la Fiscalía: que el FC Barcelona aporte el contrato del futbolista, así como los justificantes de las cantidades pagadas en su contrato y las memorias económicas de 2011, 2012 y 2013. El magistrado recuerda que en este momento procesal los extremos alegados por el querellante "no se encuentran apoyados documentalmente", por lo que pide estas diligencias.

El querellante denuncia que 40 millones de los 57,1 que se pagaron por el jugador fueron a parar a una sociedad del padre del jugador, "por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de euros pagados al jugador o a sus representantes legales".

 
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