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El PP rechaza que el Gobierno tenga que motivar los indultos

El rechazo de CiU y PP en la Comisión de Justicia del Congreso tumban la proposición no de ley presentada por UPyD para establecer un mecanismo legal de control parlamentario de los indultos concedidos por el ejecutivo

El Partido Popular ha rechazado que el Gobierno tenga que motivar mejor los indultos que concede: sus votos, junto con los de CiU, han conseguido tumbar la proposición no de ley de Unión, Progreso y Democracia que planteaba la exigencia de una mayor motivación a la hora de otorgar la medida de gracia, estableciendo mecanismos legales de control parlamentario así como un registro anual de indultos concedidos.

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El Gobierno podrá seguir concediendo indultos sin someterse a un control parlamentario ni tener que motivar la medida de gracia. Los votos del Partido Popular y CiU en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados han guardado en el cajón la proposición no de ley presentada por UPyD, en la que planteaba un cambio en la ley de indultos y crear mecanismos legales de control parlamentario sobre las medidas de gracia concedidas por el ejecutivo.

La proposición, defendida por Rosa Díez ante la Comisión, ha sido tumbada con 25 votos en contra y 15 a favor: contemplaba que la concesión de indultos por parte del Gobierno tuviera que estar "debidamente motivada", creando mecanismos legales de control parlamentario y rendición de cuentas sobre los indultos concedidos, así como que estos puedan llegar a ser recurridos ante los tribunales. Otro punto propuesto por UPyD era la creación de un informe anual entre los Ministerios de Justicia y Defensa que detallen los indultos concedidos, así como los motivos que han llevado a ello.

A lo largo del debate han salido a colación nombres de condenados como Jaume Matas, José María del Nido y Ortega Cano, que habrían solicitado el indulto o habrían anunciado su intención de hacerlo, así como la medida concedida al banquero Alfredo Sáenz por el ejecutivo socialista.

Un mensaje de lucha contra la corrupción

La proposición desestimada por la Comisión ha sido defendida por los grupos de UPyD, PSOE, Izquierda Plural y Amaiur. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que "no podemos mantener el indulto en la situación actual, sin fundamentación ni control", ya que en su opinión "tiene que ser una medida de gracia excepcional, y no algo generalizado, si la imagen de las instituciones está mermada, el indulto no es ajeno". Desde el PSOE, Julio Villarrubia ha señalado que "discrecionalidad no puede ser sinónimo de arbitrariedad", mientras que Gaspar Llamazares ha denunciado la instauración de "una justicia de primera y de segunda" a través del indulto.

En cuanto a instaurar la posibilidad de recurrir un indulto ante los tribunales, el texto propuesto por UPyD señalaba que "la única forma de combatir la eventual arbitrariedad del Ejecutivo es introduciendo un control jurisdiccional", arguye el texto".

"Supondría transferir su control a los órganos judiciales"

El Partido Popular, Francisco Molinedo, ha recordado que la concesión de indultos es un privilegio del que goza el poder ejecutivo, y se ha opuesto a exigir una motivación señalando que es una medida de gracia que "no pertenece a la esfera de la discrecionalidad, sino de lo graciable". De la misma manera, ha rechazado que el fondo de un indulto sea recurrible ante los tribunales ya que en su opinión "equivaldría a suprimir la prerrogativa de gracia y transferir su control a los órganos judiciales". Se ha opuesto también a que exista un registro de indultos, alegando que el motivo del indulto "afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica".

Un registro de peritos y psicólogos para los tribunales

Sí ha salido adelante la propuesta del grupo parlamentario popular de crear un registro de peritos y psicólogos con unos conocimientos específicos para actuar en los tribunales. Un registro que sería dependiente del Ministerio de Justicia y que incluiría a los profesionales que superen "unos requisitos mínimos de capacidad y profesionalidad" para ejercer su función a requerimiento de un tribunal. Ha salido adelante con 23 votos a favor, cuatro en contra y quince abstenciones.

 
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