La Fundación BBVA alerta del aumento de las desigualdades
Su informe sobre competitividad destaca que los salarios españoles, más bajos que la media de la Eurozona, pueden atraer inversiones
El informe anual sobre crecimiento y competitividad de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) receta cambios empresariales, educativos y en el sector público para apuntalar la incipiente recuperación. El texto alerta de que las desigualdades han aumentado con la crisis, y por eso añade que hay que tener especial cuidado en que el futuro crecimiento sea "incluyente". Las desigualdades han afectado más a los que menos ganan porque en ellos se ha cebado la destrucción de empleo, según el diagnóstico del estudio; por eso, en la presentación del informe su director enfatizó la prioridad de recuperar puestos de trabajo frente a la posibilidad de subir salarios para apoyar el consumo.
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Los salarios de los universitarios españoles son un 32% más bajos que la media de la zona Euro, algo que para el director del informe, el catedrático de la Universidad de Valencia Francisco Pérez, es una ventaja competitiva: "Existe un potencial de producción en nuestro país a menor coste que puede reforzar la capacidad de competir en los mercados" y de atraer inversión, ha dicho en la presentación del Informe Fundación BBVA-Ivie 2013. Preguntado sobre si ha llegado el momento de subir salarios para estimular el consumo, Pérez respondía que es mejor concentrarse primero en recuperar el empleo: "El punto más importante en la capacidad de gasto de las familias es el empleo. Me parece más importante que los salarios. Los que tenemos trabajo percibimos la reducción de salarios como un coste; pero el coste mayor es el coste de perder el empleo, y por tanto la recuperación del empleo tiene que ser la vía por la que se recupere el gasto y la capacidad de consumo", resumía.
La destrucción de empleo es precisamente, según el informe, la principal responsable del aumento de las desigualdades en España durante la crisis. A la luz del análisis estadístico que hace el texto, la renta disponible se redujo en España un 14% entre 2008 y 2012, pero la caída ha sido especialmente dura entre el 10% de los hogares con menos ingresos, que han visto retroceder su renta disponible per cápita a un ritmo del 9,6% anual desde 2007. De nuevo, argumentaban que la receta para salir de esta situación pasa por el empleo: "La única forma de evitar el aumento de la desigualdad es favorecer el crecimiento", explicaba uno de los coautores del informe, Francisco Goerlich, Catedrático de la Universidad de Valencia. "El deterioro en la distribución que se apunta en el informe y el aumento en la exclusión social procede en gran medida de la destrucción de empleo; sin crecimiento no habrá posibilidad de mitigar los problemas de exclusión social". "Los niveles de recuperación que vemos en este momento son muy escasos como para afirmar que esto mejorará a corto plazo", añadía.
Recetas para el futuro
Entre las propuestas que el informe recoge para apuntalar el crecimiento destaca un puñado de medidas que las empresas deberían acometer. Entre ellas, invertir más en activos intangibles (información digitalizada, I+D, investigación de mercados, diseño de nuevos productos...), impulsar la formación continua para empresarios (apenas un 10% de ellos tienen titulación universitaria, destaca el informe) y saber aprovechar las oportunidades para exportar y para atraer inversión extranjera, entre otras. Para el sector público, el informe recomienda saber priorizar los gastos adecuadamente y acometer después evaluaciones de las políticas puestas en marcha, para saber qué funciona y qué no.
Para hacer que ese futuro crecimiento sea incluyente y combata el incremento de las desigualdades, el informe propone mejorar las políticas activas de empleo, centrándolas en los desempleados menos cualificados (que tienen más posibilidades de caer en la exclusión laboral), movilizar los recursos del sistema educativo para apoyar el reciclaje de personas con menos formación, garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales y, estrechamente vinculado a lo anterior, garantizar la sostenibilidad financiera del sector público, para lo que se propone además mejorar la lucha contra el fraude y una reforma fiscal que simplifique el sistema tributario, eliminando deducciones y ampliando las bases de recaudación.
