Ruz urge a la UDEF para que le envíe un informe clave del caso Bárcenas
El magistrado remite el tercer requerimiento a la unidad policial para que "en el plazo improrrogable de tres días" presente el informe sobre el supuesto pago en negro de las obras de la sede central del PP
El juez teme que los cambios en la cúpula de la UDEF ordenados por el Gobierno estén detrás del retraso, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. Esta unidad policial es la responsable de los casos Gürtel o Bárcenas. El Ejecutivo ha cambiado a su principal responsable tres veces en dos años.
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El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, estalla y envía el tercer requerimiento en mes y medio a la UDEF para que le presente un informe clave en la investigación del caso Bárcenas: Las conclusiones y análisis de la obra de remodelación de la sede nacional del PP en la calle Génova, por la que el Partido Popular habría pagado en negro 888.000 euros en 2008.
Ese informe es necesario para citar como imputado al arquitecto que ejecutó la obra, Gonzalo Urquijo, y para atribuir al Partido Popular un posible delito fiscal, entre otras supuestas actividades delictivas.
En la providencia que se ha dado a conocer este martes, Ruz recalca que el pasado 1 de octubre requirió a la UDEF para que "a la mayor brevedad" informase sobre la entrada y registro practicada cuatro días antes en el despacho del arquitecto Gonzalo Urquijo.
Con posterioridad, el 25 de octubre, Ruz reiteró el requerimiento a los agentes conminándoles a presentar el informe sobre el "análisis de la documentación y efectos incautados" en el registro, comparándola con el resto de elementos que obran en las actuaciones y en especial, con la documentación remitida por el Partido Popular sobre la obra de remodelación de su sede.
El magistrado recuerda a la UDEF que todavía no ha recibido el informe, que resulta "imprescindible" para la práctica de otras diligencias de investigación respecto de los posibles delitos cometidos, por lo que concede un "plazo improrrogable" de tres días a la UDEF para que le presente el informe y en caso contrario, le diga por qué no puede elaborarlo.
Fuentes de la investigación sospechan que los motivos del retraso en la presentación de los informes son los cambios en la cúpula de la UDEF que investigan los casos Gürtel y Bárcenas. En una actuación sin precedentes en España, el Gobierno ha cambiado tres veces en dos años al principal responsable de la UDEF. La última, el pasado mes de octubre.
Pero además, el Ejecutivo también pretende ahora cambiar "a dedo" a los mandos intermedios que están directamente relacionados con estas investigaciones. Interior ha convocado a principios de este mes de noviembre las vacantes de los jefes de cuatro unidades sensibles en la lucha contra el blanqueo y la delincuencia económica. Se trata los segundos niveles de la UDEF en la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; la de Delincuencia Económica y Fiscal; de Inteligencia Financiera; y del Banco de España.
Según el portavoz del sindicato de la Policía SUP, José María Benito, "los cambios son legales pero anormales. Muchos agentes temen el control político de la UDEF en un momento en el que la corrupción es el principal problema de este país".
Por su parte el Ministerio del Interior recalca que la confianza es el factor fundamental en los relevos y defiende que la mayoría de los que ya están al frente van a solicitar el concurso de méritos y por tanto, continuarán en sus puestos.
Ruz pide un informe a la IGAE sobre el contrato en Toledo que motivó la supuesta comisión para Cospedal
En la misma providencia, Ruz reclama a la Intervención General de la Administración del Estado que elabore un informe sobre la adjudicación a la filial de Sacyr, Sufi, de un contrato para la recogida de basuras en Toledo. Un contrato que como relata el juez, experimentó un incremento en el precio de casi un 29% tras la adjudicación, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
El magistrado investiga si esta adjudicación se produjo después de la entrega por parte de Sacyr de una comisión de 200.000 euros al PP de Castilla La Mancha para financiar la campaña electoral de Cospedal a la presidencia en 2007.
El juez también pide a la constructora que aporte el organigrama del grupo e informe sobre qué personas de su filial participaron en la tramitación del contrato. Además, da cinco días al PP de Castilla La Mancha para que le comunique quién era su tesorero regional en 2006 y 2007, e indique qué responsabilidades públicas pudo tener entonces. Y es que según la declaración del gerente regional del PP, José Ángel Cañas, el tesorero del PP castellano-manchego de la época, Lamberto García Pineda, era también el concejal de Hacienda en Toledo que firmó el alza en el contrato de Sufi.
