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La Fiscalía pedirá procesar al hijo de Díaz-Ferrán por alzamiento de bienes

Gerardo Díaz Santamaría "fue autor" junto a su padre de la ocultación y evasión de bienes de sus empresas para no pagar a los acreedores. A cambio, cobraba un sueldo de 12.500 euros netos al mes del liquidador Ángel de Cabo.

El fiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos, pedirá al juez Eloy Velasco que Gerardo Díaz Santamaría, el hijo del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz-Ferrán, se siente junto a su padre en el banquillo de los acusados, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER.

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La decisión se produce como consecuencia del demoledor informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional que concluye que Gerardo Díaz Santamaría participó de forma activa en la estrategia diseñada por su padre y el liquidador Ángel de Cabo para ocultar el patrimonio del expresidente de la CEOE.

Díaz Santamaría, que ya está imputado por el juez Eloy Velasco, afirmó en su declaración que nunca participó en las acciones de su padre, pero la UDEF cree lo contrario. Primero, Díaz-Ferrán puso numerosos activos a su nombre y lo colocó al frente de diversas empresas para que los bienes no pudieran ser incautados por la justicia.

Después, según la UDEF, el hijo de Díaz-Ferrán se dedicó a vender los bienes y a crear sociedades pantalla, en colaboración con los cerebros de la trama. Por ese trabajo, Ángel de Cabo tenía contratado a Gerardo Díaz Santamaría, con un sueldo neto de 12.500 euros al mes, y un BMW X5 como coche de empresa. Los agentes creen que el hijo de Díaz-Ferrán consiguió vender activos por más de 18 millones de euros en dos años, para evitar que cayesen en manos de los acreedores de su padre.

El fiscal del caso, Daniel Campos, considera que Gerardo Díaz Santamaría no era un mero colaborador del entramado sino que es tan responsable como el resto del vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans y de los posibles delitos cometidos. Por ello, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, va a reclamar al juez del caso que sea procesado por un delito de alzamiento de bienes.

 
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