Los partidos proponen en sus enmiendas anular la futura reforma de pensiones

La reforma de las pensiones del Gobierno continúa su trámite parlamentario después de que, la semana pasada, el PP impusiese su mayoría en el Pleno del Congreso rechazando las ocho enmiendas de devolución presentadas por el resto de fuerzas parlamentarias. Ahora llega el momento de las enmiendas parciales, y vuelve a poner de manifiesto que la oposición rechaza la idea del Gobierno de cambiar el mecanismo de revalorización de las pensiones, que en la práctica supondría que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Buena parte de los grupos proponen anular las partes del proyecto del Ejecutivo que contienen esas medidas.

El PSOE, de hecho, plantea la desaparición de todo el proyecto: ha presentado 14 enmiendas parciales, una por cada artículo y disposición del proyecto del Gobierno, en las que piden directamente su supresión. Argumentan los socialistas que el plan del Ejecutivo (desvincular las pensiones de la marcha de los precios y que las nuevas pensiones generadas a partir de 2019 vean reducida su cuantía inicial si sube la esperanza de vida) es "contrario al espíritu y la letra de la Constitución" porque "condena a los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo [...] de imposible recuperación en el futuro".

Dice el PSOE que el texto del Gobierno, al causar pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en los momentos de crisis, "se aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención que exige el garantizar el derecho a una pensión adecuada, de cuantía económica suficiente (art. 50 Constitución)". Añaden además que el Proyecto de Ley se ha presentado "sin aval político ni social" y que "actúa directamente en la cuantía de la pensión, reduciéndola, ignorando otras fórmulas [...]dirigidas a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones recibidas".

Salvo UPyD, el resto de los grupos de la oposición piden asimismo, bien la supresión completa de todos los artículos de la ley, bien la eliminación de los dos que contienen el nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (que actualizaría año a año las pensiones con una fórmula que depende del estado de las cuentas de la Seguridad Social, y no de acuerdo con el IPC) y el Factor de Sostenibilidad (que las pensiones generadas a partir de 2019 tengan una cuantía inicial menor si aumenta la esperanza de vida). Esto es lo que piensan los distintos partidos:

PNV, CiU, IP, ERC y BNG también quieren suprimir el núcleo de la reforma

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Entre sus siete enmiendas, el PNV propone la supresión de los dos artículos más polémicos de la reforma del Gobierno, los que supondrían pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. El PNV cree que estas medidas son de "dudosa constitucionalidad" y contrarias a la justicia social. Por otra parte, el PNV propone que las pensiones inferiores al umbral de la pobreza -tal y como lo define Eurostat- se eleven para sacarlas de esa situación, que las pensiones de viudedad se financien paulatinamente con cargo a los Presupuestos y que la gestión de las pensiones en el País Vasco quede en manos de esa Comunidad.

CiU plantea eliminar el artículo que contiene el Índice de Revalorización de las Pensiones y mantener la forma actual de actualización, de acuerdo con el IPC, y también propone suprimir el artículo del Factor de Sostenibilidad, sustituyéndolo por una apelación a buscar una fórmula consensuada en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la que estudia la marcha del sistema de Seguridad Social. Izquierda Plural, por su parte, quiere suprimir la mayor parte de artículos del proyecto y propone además medidas como aumentar temporalmente los tipos de cotización para conseguir más ingresos para el sistema en este tiempo de crisis.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también plantea la supresión de la mayoría de los artículos del proyecto del Gobierno. Además, entre sus diez enmiendas también se cuenta una que pide que la edad de referencia de la jubilación vuelvan a ser los 65 años (en lugar de los 67 que se irán implantando paulatinamente como consecuencia de la reforma de pensiones de 2011), otra que permita a las Comunidades Autónomas complementar la cuantía de las pensiones y otra que eleve al menos hasta 2/3 del Salario Mínimo la cuantía de las pensiones más bajas. BNG, como el PSOE, plantea únicamente la supresión de todo el proyecto, argumentando que supone "una estrategia de empobrecimiento" de los pensionistas.

UPyD plantea cambios al proyecto del Gobierno

Al contrario que los otros grupos, UPyD acepta el nuevo modelo de revalorización de pensiones que plantea el Gobierno, pero con cambios de alcance. Para empezar, piden retrasarlo a 2019, que no se aplique ya a partir del año que viene. Además, a diferencia del ejecutivo, no proponen que la revalorización anual de las pensiones se desvincule de los precios, sino que cada año las pensiones se actualicen como mínimo el IPC menos medio punto, o como máximo el IPC más medio punto. Entienden que ese es un sistema más equitativo, en el que los años de merma de poder adquisitivo se verán compensados más fácilmente en los años de bonanza.

Entre sus 24 enmiendas, UPyD incluye además que a partir de 2015 las pensiones de viudedad y orfandad se financien a cargo de los Presupuestos, que se potencie la lucha contra el fraude para recabar más ingresos para la Seguridad Social, y que aumenten las cotizaciones de los contratos temporales, para contrarrestar la precarización del empleo. También aprovechan para insistir en que se implante el contrato único (es la única fuerza política que defiende este radical cambio en el modelo de contratación). Plantean además que los parlamentarios (nacionales, autonómicos y europeos) se incluyan en el Régimen General de la Seguridad Social en los mismos términos que el resto de asalariados, para eliminar su régimen de cotización actual, que UPyD califica de "privilegiado".