El PSOE no logra que la Audiencia monopolice la lucha anticorrupción
El PP, nacionalistas, UPyd, la Izquierda Plural y Amaiur tumban la propuesta porque "desnaturalizaría" las funciones del órgano judicial
El Congreso ha debatido dar más competencias a la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de corrupción. Una proposición de ley del PSOE que pedía que la Audiencia asuma instruir y enjuiciar la corrupción para acelerar los procesos y evitar la prescripción.
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Todos los grupos han coincidido en la necesidad de buscar medidas y soluciones para luchar contra la corrupción pero han rechazado la propuesta del PSOE para atribuir a la Audiencia Nacional los delitos vinculados a la corrupción. "Efectista", "poco meditada" y sobre todo "una medida que desnaturaliza" las funciones del alto tribunal. Así es como han calificado la mayoría de los diputados de la oposición que han votado en contra.
La Proposición de Ley de los socialistas, defendida por el diputado Javier Barreno, suponía modificar Ley Orgánica del Poder Judicial para, a modo de "terapia de choque", concentrar competencias en la Audiencia. El mejor órgano para el PSOE ya que se dedica "a aquellos delitos graves que deterioran de manera muy profunda la convivencia entre españoles". El fin de la batería de medidas suponía acelerar los procesos, evitar la prescripción y que este órgano asuma delitos de cohecho, prevaricación, tráfico, malversación, fraude, exacciones ilegales y delitos urbanísticos, entre otros.
Con acuerdo en el fondo pero no en la forma, la portavoz de UPyD, Rosa Díez ha discrepado con la propuesta ya que "desnaturalizaría" los asuntos que llegan al órgano judicial, no en función del delito, sino del delincuente, haciendo imposible la marcha de la Audiencia.
La diputada de CiU Mercè Pigem ha llegado a citar a Gregorio Peces Barba cuando dijo -apelando al origen de la Audiencia como tribunal de orden público- aquello de "Audiencia Nacional. Atentado a un derecho fundamental" y asegura que ni siquiera ahora la Audiencia es capaz de adoptar medidas ágiles para enjuiciar los delitos. A Emilio Olabarría, del PNV, le han parecido "discutibles" las fórmulas del PSOE y ha defendido -al igual que Pigèm- el criterio del juez ordinario por ley y el de territorialidad. Y Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, ha considerado que la propuesta no aborda el problema de la corrupción y ha recordado que casos de esta materia, como el "caso Gürtel", llevan más de cinco años en fase de instrucción.
El PP ha negado la mayor, el diputado Jaime Olano, ha asegura que la corrupción no es un problema generalizado aunque haya "aumentado en los próximos tiempos".
