La Fiscalía no ve delito en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
La Fiscalía de Madrid, en contra del criterio del juez Pablo Ruz, considera que no hay indicios de que el PP haya incurrido en un delito de encubrimiento o daños informáticos por destruir el contenido de los ordenadores de Bárcenas, y recomienda a la titular del juzgado número 32 de Madrid el archivo de la causa
Madrid
La Fiscalía de Madrid, como hizo antes Anticorrupción, se opone a investigar la destrucción de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP. No aprecia indicios de delito de encubrimiento ni de daños informáticos, en contra del criterio del juez instructor que se inhibió en el juzgado de Madrid, Pablo Ruz, quien sí que vio indicios de la comisión de estos delitos.
Ruz aconsejó la investigación porque era "notorio", según su auto, que el PP destruyó el contenido de los ordenadores cuando Luis Bárcenas ya estaba imputado.
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El extesorero afirmó durante su declaración en la Audiencia Nacional que en los ordenadores que guardaba en la sede central de Génova del Partido Popular, disponía de información sensible sobre la supuesta contabilidad B del partido. Inicialmente, intentó conseguir los ordenadores e incluso denunció al PP por el supuesto robo de los equipos. Un caso que fue archivado en los juzgados ordinarios de Madrid. El Partido Popular comunicó al juez Ruz que el ordenador Toshiba carecía de disco duro y que borró el contenido del Mackintosh a partir del mes de abril de 2013 para que fuera usado por otro trabajador de la formación política.
Pero finalmente, los peritos informáticos corroboraron al juez de la Audiencia Nacional que en realidad, el disco duro del Mac fue borrado por el PP seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión el pasado 27 de junio. Añadieron que ningún usuario había hecho uso del equipo desde entonces.
Ruz se inhibió en los juzgados de Madrid para investigar esta causa, porque los supuestos delitos no son competencia de la Audiencia Nacional. El caso recayó tras el reparto en el juzgado número 32 de Madrid, que dirige Esperanza Collazos, quien ahora tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación, tras el informe del fiscal.
Izquierda Unida también presentó una querella para investigar el asunto.
