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El Gobierno envía al Congreso la ley que permite circular a 130 km/h en algunos tramos

La norma también duplica las multas por conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida y obliga a los menores a usar casco si viajan en bicicleta

El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido al Congreso el proyecto de ley por el que se reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que incluye novedades como la elevación de las multas de alcoholemia y drogas (de 500 a 1.000 euros), la obligación de que los menores lleven casco en ciudad cuando monten en bicicleta o la prohibición del uso de detectores de radar.

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Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor para principios de 2014, según señaló en verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Otras de las novedades de la reforma es la regulación de los controles de drogas. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Se permite conducir bajo los efectos de drogas cuando éstas se tomen "bajo prescripción facultativa y con una finalidad rehabilitadora" aunque todo ello se condiciona a que el sujeto esté en condiciones de conducir el vehículo. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.

Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso. Hasta ahora, los detectores de radar se permitían, lo que estaba prohibido era los inhibidores de radar. La diferencia entre ambos es que los segundos interfieren con la señal del radar para que este no detecte la velocidad a la que se conduce.

No obstante, probablemente la reforma que más polémica ha causado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas -actualmente es sólo obligatorio en carretera-, lo que ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos.

El anteproyecto de la reforma incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad "en cualquier caso para los menores de 18 años", aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.

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