Ocho meses sin justicia para las víctimas de la patera arrollada por la Guardia Civil

Sus abogados denuncian el «desinterés» del Gobierno en aclarar el naufragio que provocó la muerte de un inmigrante y la desaparición de otros 7 en aguas de Lanzarote en diciembre. «Mientras que en las 48 horas posteriores al accidente de tren de Santiago se abrieron las cajas negras del tren para averiguar lo sucedido, en este caso, 8 meses después ni siquiera se nos ha dado la información de a qué velocidad iba la patrullera cuando arrolló la barca de los inmigrantes», critican. En «Hoy por Hoy», Patricia Fernández, de la ONG Coordinadora de Barrios, denuncia el «abandono absoluto»: En la madrugada del 13 de diciembre de 2012 una patrullera del Instituto Armado chocó con una barca de inmigrantes marroquíes en aguas de Lanzarote. «Desde entonces no se ha investigado nada ni por la Administración ni por el Poder Judicial», aseguran los abogados de las víctimas, que temen que el Juzgado de Lanzarote decrete pronto el sobreseimiento de la causa que investiga el accidente. «A día de hoy resulta increíble que no se nos haya facilitado ni siquiera la información de a qué velocidad arrolló la patrullera a los inmigrantes para aclarar si estamos o no ante una negligencia y depurar responsabilidades», se queja la ONG Coordinadora de Barrios. El caso, uno de los que más transcendencia internacional ha tenido en más de 30 años de llegadas de pateras a las costas españolas, ha pasado ya por las manos de 3 jueces. El vídeo que mostraba el choque dio la vuelta al mundo y a raíz de su publicación en exclusiva por la Cadena SER, se produjeron comparecencias parlamentarias del Ministro del Interior y Marruecos convocó al embajador español en Rabat para pedirle explicaciones por lo sucedido a 25 de sus ciudadanos y que se aclarasen las circunstancias de las 7 muertes. Y como consecuencia de esto, el Gobierno español prometió informes técnicos para esclarecer los hechos. Sin embargo, a día de hoy, la Guardia Civil ni siquiera ha entregado al juzgado los libros técnicos de la patrullera Río Cabaleiro, -imprescindibles para conocer la velocidad a la que embistió a la patera- a pesar de que la Audiencia Provincial de Las Palmas ya ha dejado claro «que es evidente el interés que presenta para esta causa» la incorporación de esos datos. De hecho, según ha sabido la SER, la única respuesta del Instituto Armado ha sido que desconocen a qué documentación se refiere el juzgado, en lo que los abogados de los supervivientes consideran una maniobra para alargar aun más el proceso «y que se acabe archivando» denuncian los representantes legales de las víctimas. «Ni el juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, ni la Fiscalía, ni mucho menos la Guardia Civil y el Ministerio de Fomento han movido un dedo para esclarecer lo sucedido». Esta es la queja unánime de los supervivientes, de sus abogados, de las familias de los desaparecidos, del letrado que defiende a los familiares de la única víctima cuyo cadáver fue recuperado y de SOS Racismo. El paso más reciente dado en los últimos meses, según ha conocido la Cadena SER, es que el juez que se encarga ahora del caso decretó el 9 de agosto la libertad provisional del único imputado por el accidente, el patrón de la patera, Jamaa Zahouani, presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de omisión del deber de socorro, todos ellos castigados con penas de hasta 4 años de prisión. Una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía. No obstante, Zahouani seguirá en prisión por la imputación de otro delito en la segunda pieza separada que se investiga, la que hace referencia al delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros al estar acusado de supuesto tráfico de inmigrantes. Uno de los supervivientes, Hicham, que fue expulsado a Marruecos a las pocas semanas del accidente se muestra disgustado desde Sidi Ifni -de donde procedían casi todos los jóvenes que viajaron en la patera- con esta lentitud de la justicia, « no pensábamos que se fuera a retrasar tanto la investigación. Las familias de los muertos y desaparecidos aquí no pueden reclamar nada porque el accidente ocurrió en España. Espero que al menos las familias de los fallecidos sean llamados por el juez para reclamar justicia, no sé si a mí me llamarán pero espero que a ellos sí. Esperamos que tarde o temprano se haga justicia. Lo que quieren las familias de los muertos es que se castigue a los que provocaron el hundimiento de la patera, porque nos acusaron a nosotros de chocar contra la patrullera de la Guardia Civil pero gracias a dios todo el mundo vio en el vídeo que nosotros decíamos la verdad y que fueron ellos los que se nos echaron encima» subraya Hicham. ¿A qué velocidad iba la patrullera? Algo falló al tratar de interceptar a los inmigrantes, como consecuencia la Patrullera arroya la patera y produce su hundimiento, sólo se recuperó un cadáver y otros 6 jovenes desaparecieron. Más de 8 meses más tarde los familiares de las víctimas siguen tratando de averiguar qué fue lo que falló. Y por sorprendente que parezca, aunque la Audiencia Provincial ya haya señalado que «es evidente el interés que presenta para esta causa» aún hoy no han conseguido información alguna sobre el estado de mantenimiento de la Patrullera ni sobre la velocidad a la que ésta impactó con la patera. «En los 8 meses de supuesta investigación del accidente queda patente la falta de interés de la administración en aclarar las causas de la muerte de 7 personas. Es más, la Guardia Civil no ha dado aún la información técnica de la patrullera a pesar de que se la ha solicitado al juzgado. Otra prueba de esa falta de interés es que todas las pruebas que hemos pedido al juzgado sólo han sido admitidas una vez que la Audiencia Provincial ha aceptado nuestros recursos ante cada negativa del Juzgado de Instrucción de Lanzarote a aceptar esas pruebas» denuncia la abogada de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández. Exactamente fue el 10 de junio, en lo que los abogados de los supervivientes consideran una «treta» de la Guardia Civil para seguir dilatando cualquier posibilidad de investigación, cuando el teniente del servicio marítimo del instituto armado en Lanzarote responde en un escrito que no sabe a qué se refieren los letrados cuando le reclaman la « documentación técnica» de la patrullera. La «velocidad de seguridad» Desde la defensa de los supervivientes tienen claro que no hay interés de la administración por investigar lo sucedido «de la misma manera que un vehículo en carretera debe mantener una distancia suficiente para evitar impactos con los que le anteceden, y se presume culpable al conductor del vehículo que llega por detrás y colisiona, la Regla 6 del vigente Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes (BOE 9/07/1977), señala que »todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento«. Para terminar de aclararlo, la Regla 8.e señala que »si es necesario con objeto de evitar el abordaje o de disponer de más tiempo para estudiar la situación, el buque reducirá su velocidad o suprimirá toda su arrancada parando o invirtiendo sus medios de propulsión« algo que no hizo la patrullera de la Guardia Civil como queda demostrado en el vídeo publicado en exclusiva por la Cadena SER el pasado 13 de marzo. Sólo uno de los agentes declaró al juez que la patera debía ir a unos cinco nudos antes del impacto. Eso fue antes de que se hiciera público el video de la colisión. Pero nadie ha dicho nada de la velocidad de la Patrullera a pesar de los requerimientos judiciales. El primer intento por conocer la velocidad de la Patrullera se hizo el 21 de diciembre de 2012. La Asociación Coordinadora de Barrios, ONG que atendía a los supervivientes, denunció ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas que una de las causas de la colisión pudo ser «la gran velocidad a la que iba la embarcación tripulada por los agentes», solicitando que se examinara el diario de máquinas y la documentación técnica de la Patrullera para constatar si lo manifestado por los supervivientes era cierto. Sin embargo, la Fiscalía no hizo nada para obtener dicha documentación. Ante la apatía de la Fiscalía para «salvar los registros informáticos que recogían velocidad y rumbo de la Patrullera, el 25 de enero los supervivientes solicitaron directamente al Juzgado Nº 3 de Arrecife que salvara de alguna manera esa información». Sin embargo, el Juzgado no atendió a la petición de los supervivientes. En su lugar, encargó a un perito que examinara ambas embarcaciones y determinara las causas de la colisión. El perito, efectivamente, examinó las embarcaciones pero la Guardia Civil le vino a señalar que el libro de mantenimiento y determinados registros informáticos -precisamente los que recogían velocidad y rumbo de la patrullera- eran «materia reservada» o al menos eso le respondieron los agentes al perito, por lo que no pudo ser usada para su examen. De hecho, en sus manifestaciones al Juzgado, el perito señaló expresamente que no pudo ver el diario de abordo, que no sabía si la zodiac (que no fue usada para el salvamento porque también estaba averiada) estaba operativa, que no pudo examinar el contrato de mantenimiento, diario de relevo, el libro de la nave donde se registren las inspecciones antes de navegar, ni otra documentación técnica de la patrullera, y que no pudo conocer las velocidades de las embarcaciones. Ante tanta traba y ante la imposibilidad de conocer toda esta información técnica para obtener velocidades, rumbos y el estado de mantenimiento de la patrullera, los supervivientes recurrieron a la Audiencia Provincial, que el 26 de abril de 2013 vino a corregir al Juzgado señalando que toda esa documentación técnica sí era relevante para la causa y debía ser salvada e incorporada a la investigación judicial, por lo que debía ser solicitada, lo que el Juzgado hizo entonces de inmediato «sin embargo, aún hoy, ese secreto sigue guardado» denuncia Patricia Fernández que señala que « el juzgado está negando muchas pruebas y sólo la audiencia provincial está trabajando para que se aclare lo sucedido». El Ministerio de Fomento sigue sin investigar Además de a la Fiscalía y al Juzgado, los supervivientes también pidieron al Ministerio de Fomento que «salvara» los registros de la Patrullera. La Coordinadora de Barrios envió un escrito a la Comisión para la Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos señalándole que tenía obligación de investigar la colisión por haber causado pérdida de vidas. Así lo entendió también la Sección Penal de la Audiencia Provincial, en un auto del mes de abril, que ante «la pérdida de vidas humanas» también lo considera « de mayor interés» para intentar esclarecer si hubo negligencia del patrón de la Guardia Civil. Sin embargo, el Ministerio de Fomento se negó a hacerlo tal y como consta en un escrito de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimo del 13 de febrero en el que dice que dicho accidente « no entra en el ámbito» de sus competencias. Los abogados de los inmigrantes presentaron un recurso ante esta decisión en la Audiencia Nacional y de momento no han recibido respuesta. «Hemos tenido que presentar un procedimiento contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional recurriendo la negativa del Ministerio de Fomento y su comisión de investigación de accidentes marítimos a abrir una investigación. Estamos ante hechos gravísimos porque no puede ser que cuando un juzgado pida documentación técnica la Guardia Civil hurte documentación» subraya Fernández para denunciar como maniobra de dilación el comportamiento de los mandos de la Guardia Civil, «la maniobra está clara, si alguien no investiga es muy difícil demostrar algún tipo de imprudencia o negligencia, si no se investiga el caso se archivará por eso exigimos que se investigue , no puede ser que esto esté así 8 meses después y no sepamos ni siquiera la velocidad de la patrullera en el momento del choque y por ejemplo 2 días después del accidente de tren de Santiago se analice la caja negra para conocer todos esos detalles fundamentales para esclarecer lo sucedido y aquí en este caso se nieguen las pruebas. La investigación no se puede cerrar con la existencia de ese vídeo en el que se ve como un buque del Estado arrolla una patera» denuncia comparando el diferente comportamiento de la administración , en concreto del Ministerio de Fomento, en cuanto a la diligencia para abrir una u otra investigación. «Seguiremos impulsando el procedimiento hasta el final. No olvidemos que España ya tiene una condena del Comité de derechos humanos de Naciones Unidas por no investigar un naufragio y como siga así el caso de Lanzarote no me extrañaría que sufriera otra reprimenda internacional. Si cuando se produce un accidente no se investiga, qué garantías tenemos los ciudadanos de que eso no se volverá a repetir?» advierte la ONG Coordinadora de Barrios cuyos responsables están dispuestos a acudir a cualquier instancia nacional o internacional hasta que se arroje luz a lo sucedido aquella madrugada de diciembre del pasado año a poco más de un kilómetro de tierra firme lanzaroteña. La familia de la única víctima cuyo cadáver fue recuperado pide que se impute al Patrón de la Patrullera y asegura que «no quieren indemnizaciones sólo quieren justicia» «El tema está muy atascado, y lo único que quiere la familia a la que represento es que se sepa la verdad, quieren que agotemos toda la vía penal ,aunque se dilate en el tiempo, dure más o menos lo que quieren saber es la verdad , no están interesados en la compensación económica que les podría corresponder por el fallecimiento de Alí» explica el abogado de esta humilde familia de Sidi Ifni Juan José Roldán. Este abrogado que se incorporó a la causa en el mes de febrero asegura que desde entonces casi nada se ha movido y exige que se impute al Cabo de la Guardia Civil al mando aquella noche de la Río Cabaleiro «no sé si acabará en el contencioso administrativo, pero lo que está claro es que por lo menos debería investigarse, que se impute al patrón de la Guardia Civil y que tenga derecho a defenderse en el procedimiento, eso no quiere decir que vaya a ser condenado, para nada, pero parece ser que aquí para imputar al patrón de la patera por presunto homicidio se hizo sin mayor miramiento, se le imputó muy fácil y al patrón de la Guardia Civil no se le imputa nada, por qué no se le imputa y que se defienda de las preguntas y ya está?» Roldán critica también el diferente comportamiento de las comisiones de investigación del Ministerio de Fomento, «el ejemplo es el accidente de tren de Galicia en el que inmediatamente abre investigación, esa es su función y es lo que debe hacer pero en este caso, 8 meses después, no ha investigado nada. Está claro con respecto al accidente de la patrullera y la patera es que no se han puesto los medios necesarios para que se investigue» lamenta este abogado. SOS Racismo tampoco se explica la «dejadez» de Fomento La ONG está personada en el caso como acusación popular y según su portavoz de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán «Fomento negó de manera un tanto chusca abrir una investigación, por una serie de razonamientos que resultan escandalosos. Hay muertos y desaparecidos, sin nombres, no son relevantes y esto desgraciadamente parece que tiene mucho que ver en la dejadez de la administración». En este sentido este experto jurídico en casos de extranjería también denuncia el doble rasero de la administración, «nunca se pueden comparar desgracias y hechos luctuosos pero haciendo una mínima comparación con sucesos que han ocurrido recientemente como el accidente de Santiago vemos la actuación de la administración, que es la primera en querer saber lo que ocurrió, transmite el mensaje de querer saber lo que ha ocurrido como primer interesada, eso decía la Ministra de Fomento, pues eso es lo que me hubiera gustado ver en la actuación de la administración con respecto al accidente de la patrullera contra la patera en Lanzarote, que hacía esa patrullera de la Guardia Civil en lugar de Salvamento Marítimo rescatando a los inmigrantes, la patrullera del Instituto Armado no era la adecuada para este tipo de rescates y los motores no funcionaban, entonces por qué el gobierno no quiere investigarlo? Lo que nos resulta indignante es esa falta de interés de las instituciones para que se investigara un hecho tan grave como este » señala el letrado de SOS Racismo. La AUGC sigue defendiendo la inocencia de los guardias pero vuelve a denunciar falta de medios Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil también critican la lentitud de la justicia pero confían en el archivo de la causa en la que siguen defendiendo que «todo fue consecuencia de un desgraciado accidente. Lo importante es que el proceso finalice, que no se dilate tanto en el tiempo. Ya sabemos que muchas veces la justicia es lenta pero lo importantes es que se decrete el sobreseimiento de esa causa porque quedó claro que los guardias civiles no tuvieron culpa, todo lo contrario, fueron a un rescate y se produjo un accidente así que entendemos que se debe archivar esa causa» asegura Juan Antonio Delgado el secretario general de esta asociación de Guardias Civiles . No obstante el responsable máximo de la AUGC denuncia que 8 meses después «el Gobierno no ha reforzado los medios del servicio marítimo de la Guardia Civil tal y como exigimos. Reconocimos en aquel momento que las patrulleras como la Cabaleiro no eran las adecuada para el rescate de inmigrantes,es una embarcación muy alta y por tanto es muy difícil, muy complicada la maniobra de rescate y por tanto seguimos reclamando medios más acordes para el trabajo de la Guardia Civil» denuncia Delgado.

Ocho meses sin justicia para las víctimas de la patera arrollada por la Guardia Civil

Los supervivientes recurren ante la Audiencia Nacional la negativa de Fomento a investigar el accidente marítimo

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