Margallo asegura que España está dispuesta a cumplir con sus obligaciones pero Londres, no

En el artículo del tabloide estadounidense, el ministro asegura que "el Gobierno de España, a diferencia de Gran Bretaña, está totalmente dispuesto a cumplir con sus obligaciones internacionales". A continuación, reproducimos el artículo completo.

"El Gobierno de Su Majestad no se considera obligado por las resoluciones de la Asamblea General y por lo tanto no va a negociar con el Gobierno español sobre la base de la misma".

Esta fue la sorprendente respuesta de Michael Stewart, el ministro de Exteriores británico, en diciembre de 1968 en la Resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU, que aboga por que el Reino Unido sea la potencia administradora encargada de poner fin a la situación colonial de Gibraltar, ya que que la continuación de esa situación era contraria a los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Un año antes, la Asamblea General aprobó la Resolución 2353, que indicaba que toda situación colonial que destruye parcial o totalmente la unidad nacional de un país y la integridad territorial, como en el caso de Gibraltar, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Por otra parte, la ONU no ha reconocido ningún derecho a la autodeterminación en el caso de Gibraltar, a pesar de que requiere negociaciones bilaterales sobre la soberanía de tener en cuenta los intereses de la población de la colonia.

A diferencia del gobierno británico, el gobierno español está dispuesto a cumplir en el contexto de las organizaciones internacionales, tiene plena confianza en ellos, y siempre está dispuesto a cumplir con sus mandatos. La ONU ha establecido claramente, en varias resoluciones, que la situación colonial en Gibraltar debe terminar y que este objetivo debe alcanzarse mediante negociaciones entre España y el Reino Unido. Desde el comienzo de la actual legislatura, el gobierno español ha instado al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales tan pronto como sea posible sobre los temas de la soberanía de Gibraltar, que han estado en espera durante demasiado tiempo. Esperamos con interés el reinicio de estos contactos.

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Además de esta falta de cumplimiento sobre la cuestión de la soberanía, el gobierno británico y las autoridades locales de Gibraltar han cometido numerosas violaciones de sus obligaciones. El tema que preocupa de forma más inmediata es la caída de 70 bloques de hormigón en la bahía de Gibraltar. España no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre esas aguas. Ellos están fuera del istmo que une Gibraltar con España, que nunca fue cedido por España al Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht. Estas aguas y la tierra, por lo tanto, siempre han permanecido bajo soberanía española.

El vertido de bloques de hormigón constituye también una violación de las reglas más básicas de la conservación del medio ambiente. Estas aguas representan el 25% de la actividad de los pescadores locales, que habían estado llevando a cabo sus actividades normales y cuyas familias ahora se ven privados de sus medios de subsistencia. El gobierno español también ha iniciado un procedimiento para denunciar otra práctica ambientalmente dañina: el de abastecimiento de combustible, reabastecimiento de combustible o barcos en el mar, en las aguas de Gibraltar. Con esta práctica se corre el riesgo de verter tóxicos al mar.

Otra violación importante tiene que ver con diversos tipos de tráfico que se producen en el territorio de Gibraltar. El hecho de que Gibraltar no se considere parte del territorio aduanero de la UE, y que no se aplique el sistema comunitario del IVA y los impuestos especiales, ha dado lugar a un enorme aumento del contrabando, incluido el tabaco. Las incautaciones de cigarrillos ilegales de la colonia aumentaron en un 213% entre 2010 y 2012.

Por lo tanto, es absolutamente necesario controlar el tráfico que pasa por la frontera entre Gibraltar y España. Estos controles son esenciales para nuestro país en el ejercicio de sus responsabilidades a la UE. Están totalmente de acuerdo con el Código de fronteras Schengen y de plena conformidad con los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación. Estos principios muestran que los controles fronterizos son legales y no contravengan las leyes españolas o europeas.

También es problemático el régimen fiscal de Gibraltar, que se caracteriza por la opacidad, especialmente en relación con el impuesto de sociedades. De acuerdo con las autoridades fiscales británicas, Gibraltar tiene 21.770 empresas registradas, de las cuales sólo el 10% paga impuestos. Como Gibraltar tiene una población de sólo 30.000 personas, es obvio que la mayoría de estas empresas están formadas por no residentes que se trasladan allí para evadir impuestos. Esta situación es especialmente perjudicial para los países en los que estas empresas realmente operan.

El 1 de junio de 2012, España se quejó a la Comisión Europea sobre la ayuda estatal ilegal e incompatible concedida por Gibraltar a las empresas extranjeras a través de su régimen de impuesto de sociedades. Las preocupaciones sobre el estado de paraíso fiscal de la colonia también se han expresado en foros como el G-20 y G-8.

A nivel nacional, el gobierno español también está implementando medidas para luchar contra el fraude fiscal procedente de Gibraltar, tanto por las empresas "cáscara", ubicadas en Gibraltar que ocultan la verdadera titularidad de más de 3.000 propiedades en España, y por los 6.700 gibraltareños cuyos hogares están en España y que se benefician de nuestros servicios sociales y la infraestructura sin contribuir a ellos mediante el pago de impuestos.

En resumen, Gibraltar supone un "modelo de bajos impuestos, libre comercio económico", que un reciente editorial de este diario elogió ocultando los que tratan de evadir impuestos lo hacen en violación de la ley.

Se podrían mencionar más ejemplos de violaciones de las obligaciones internacionales, pero estos son lo suficientemente expresivos.

Lord Palmerston dijo una vez que "las naciones no tienen amigos permanentes o aliados, sólo tienen intereses permanentes". España tiene amigos y considera el Reino Unido uno de ellos. Pero en toda amistad es necesario cultivar la confianza y hacer frente a cualquier conflicto con la honestidad y la transparencia. El diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales.

España se prepara para reiniciar el diálogo. Estamos dispuestos a aceptar la creación de foros ad hoc en la que otras autoridades, como el gobierno de Gibraltar y de la Junta de Andalucía, podrían participar en relación con las áreas en las que tienen competencias, sobre todo en relación con las que se refieren directamente a los residentes de ambos lados de la puerta .

Pero a medida que el primer ministro español, Mariano Rajoy observó a principios de este mes a su homólogo británico, David Cameron, es necesario en primer lugar que el Reino Unido muestre su intención de revertir el daño que ya se ha causado, en particular, mediante la eliminación de los bloques de hormigón.