Los sindicatos piden al Gobierno medidas para asegurar el futuro del sector naval
Demandan al Ejecutivo que actualice la legislación al nuevo instrumento fiscal y que negocie con los inversores la forma más racional para devolver las ayudas
La Comisión Europea considera ilegales las ayudas a los astilleros españoles desde 2007 a 2011 y obliga a devolverlas a las arcas españolas. Así lo ha confirmado el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien ha dicho "que la comisión determina qué parte de las ayudas debe ser considerada incompatible y desde cuando hay que pedir la recuperación", pero corresponde al Gobierno español la decisión de "quién debe devolver el dinero, cómo se debe proceder y cuánto dinero debe ser devuelto en cada caso". / ATLAS
Los sindicatos reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que disponga las medidas necesarias para asegurar el futuro del sector naval después de que la Comisión Europea haya obligado a la devolución de las ayudas recibidas entre 2007 y 2011.
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Los sindicatos del sector naval urgen al Gobierno a que actualice la legislación española al nuevo instrumento fiscal que ha aprobado la Comisión Europea. Dice desde UGT su responsable estatal, José Luis Gacio, que la decisión de la devolución de las ayudas, aunque afecta a los estructuradores, armadores e inversores, "va contra el sistema y el instrumento fiscal que tenía instalado el Gobierno de España", por lo que es este el que se tiene que hacer cargo de la situación y negociar con las agrupaciones de interés económico, "para ver cómo se resuelve la devolución de las ayudas al erario público".
Remarcan desde UGT, que el Gobierno tiene que poner todos los medios necesarios "para que la credibilidad y la confianza vuelvan al sector". Entre esos medios, reclaman apoyo financiero a través del Instituto de Crédito Oficial "para que los astilleros puedan tener la financiación y la línea de créditos blandos adecuada.
Los sindicatos del principal astillero del País Vasco han adelantado que seguirán "en la lucha" y que estudiarán movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo y de la viabilidad del sector. El comité de empresa de La Naval ha leído un comunicado a la puerta de la planta tras el encierro mantenido esta noche en defensa del sector.
Para los representantes de la plantilla, los "responsables máximos y directos" de las consecuencias que pueda acarrear este dictamen son el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el Gobierno español.
Por ello, ha instado a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a asumir "la responsabilidad de articular las medidas necesarias sin contravenir las normativas comunitarias, y así dar seguridad a los estructuradores financieros, inversores, armadores y astilleros", garantizando el futuro de la construcción naval en España.
El futuro de los astilleros españoles
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Almunia: "Cuando se han atribuido ayudas que violan las reglas tienen que devolverlas"
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