Hacienda podrá intervenir también a las autonomías por deudas a proveedores
El Estado tiene previsto asumir tributos cedidos si incumplen
Hacienda tiene intención de intervenir a las Comunidades Autónomas también si tienen deudas con sus proveedores. Un supuesto más que se sumaría, en el que caso de que salga adelante, a la intervención en los casos de incumplimiento del déficit y de la deuda financiera.
El Ministerio de Hacienda podrá llegar a intervenir una comunidad autónoma y suspender su competencia normativa sobre tributos cedidos si incumple el pago a proveedores en los plazos legales de 30 días, unas medidas extremas que ya se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quien incumpla la reducción del déficit y de la deuda financiera.
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Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han explicado esta posibilidad que contemplará la Ley de control de la deuda comercial, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que se espera que refrenden las Cortes a finales de octubre. Ese caso extremo de intervención se producirá en cualquier caso siete meses después del primer aviso a la comunidad y desde que esta tome las primeras medidas de tesorería para evitar incumplir la norma. "Es una situación que esperemos que no llegue a producirse nunca, pero debe estar en la norma para poder actuar. Son siete meses, tiempo suficiente, y trabajaremos conjuntamente para no llegar a esto", han explicado las mismas fuentes.
Además de enviar a los conocidos como 'hombres de negro' a la autonomía y de suspender competencias normativas sobre tributos cedidos, que serán ejercidas por el Estado, la norma prevé también que la comunidad deba aprobar acuerdos de no disponibilidad de créditos y constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su PIB nominal.
Con esta norma, Hacienda pone la deuda comercial al mismo nivel que la deuda financiera y el déficit, con un sistema automático y progresivo de medidas de control. Desde el ministerio se ha asegurado sin embargo que se prevén también medidas para evitar llegar a ese extremo, al igual que está ocurriendo con la Ley de Estabilidad, cuyas peores consecuencias no han llegado a aplicarse. El objetivo principal de la Ley de control de la deuda comercial es que todas las administraciones públicas cumplan la normativa sobre morosidad, paguen sus facturas en 30 días y en el futuro no generen facturas que no puedan pagar.
