El exministro socialista, José Blanco, pide a la sala de lo penal el archivo del caso

José Blanco quema sus últimos cartuchos. El que fuera ministro de fomento del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez instructor, José Ramón Soriano, de investigarle por un delito de tráfico de influencias. La defensa del exdirigente socialista vuelve a cargar contra la investigación de la policía judicial y subraya que no hay ningún dato que permita concluir que removiera ningún obstáculo para que el empresario y amigo, José Antonio Orozco, pudiera levantar una nave industrial junto al aeropuerto de El Prat.

El recurso de apelación niega que el exministro socialista "haya influido para remover los obstáculos" y que el empresario y amigo, José Antonio Orozco pudiera levantar una nave industrial en Sant Boi, junto al aeropuerto de El Prat. Esta es la imputación más grave que le hace en su auto el juez instructor, José Ramón Soriano. Blanco se defiende asegurando que no pudo hacer lo que Orozco nunca le pidió. Y es que el presunto encargo fue el de que tratara de que el alcalde del municipio se reuniera con ellos para presentarles el proyecto, algo que tampoco llegó a hacer el imputado, según el escrito.

El recurso de apelación subraya que su cometido se ciñó a dejar el caso en manos del entonces Secretario de Estado de Transportes, que era el competente en la materia, y recuerda que no conoce al alcalde de Sant Boi porque "no lo ha visto en su vida". Con estos antecedentes señala que "advertir aquí un tráfico de influencias es una completa fantasía" porque de las muchas conversaciones telefónicas intervenidas no hay ninguna del tenor de "dile al alcalde que me resuelva esto".

La peor parte se la lleva el fiscal que mantiene que Blanco sí cometió este delito. En el escrito elevado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo se puede leer que "la solvencia jurídica de la pretensión de la Fiscalía equivale a cero; su razón de ser hay que buscarla en otro orden de consideraciones, que nacen de unos pseudo-informes policiales orientados a una conclusión predeterminada". Añade que el fiscal "prescinde de argumentar dónde advierte el prevalimiento, la presión, la instrucción precisa que habría dado mi mandante o alguien a sus órdenes al alcalde para que la licencia se concediese a despecho de su legalidad". También hay críticas a la actuación de la policía en esta investigación porque ha creado "un procedimiento paralelo, de espaldas al imputado y bajo las decisiones autónomas de ciertas unidades policiales".