El actual jefe del CNI denunció ante la OTAN que el exceso de contratas afectó a la seguridad

Madrid

El Estado Mayor denunció ante la OTAN que el hecho de que hasta cinco empresas distintas participasen en el flete "sin duda afectó a la calidad y muy probablemente a la seguridad del vuelo" y, así mismo, que la diferencia entre el precio pagado por España por el Yak y lo percibido por el último subcontratista era "tan elocuente como moralmente reprobable".

Ampliar

Cerrar

Hasta cinco empresas de distintas nacionalidades (de Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano y Ucrania) participaron en el flete del Yak-42. De los 149.000 euros que España abonó a NAMSA, agencia de la OTAN a la que España encargó el vuelo, el contratista final solo recibió 38.400. La cantidad total fue mermando debido a las comisiones de los distintos subcontratistas que ascendieron a un 75% del precio del vuelo. Este fue el resultado de la investigación encargada por el Estado Mayor a finales de 2004 para esclarecer la cadena de intermediaros que intervinieron en el fatídico vuelo que terminó con la vida de 62 militares españoles.

Según un escrito firmado en enero de 2005 por el que fuera Jefe de Estado Mayor Félix Sanz (hoy director del CNI)que forma parte de la correspondencia entre el general y el entonces ministro José Bono: "La cadena de subcontratistas sin duda afectó a la calidad de los servicios prestados y muy probablemente a la seguridad de vuelo". Esta carta forma parte de las muchas notas (fechadas entre noviembre de 2004 y febrero de 2005) intercambiadas entre el general y el ministro de Defensa y que obran en el sumario del caso. Según esta carta, el general Sanz exigió responsabilidades a la OTAN no sólo por la negligencia en el control de las subcontrataciones que "afectó muy probablemente a la seguridad del vuelo" sino también considerar que la diferencia entre las obligaciones de España y el precio final era "tan elocuente como moralmente reprobable". España consideró también que la alianza había incumplido el contrato firmado con el Estado Mayor dado que según este "la agencia NAMSA acordó dar cuenta de todas las subcontrataciones que se hicieran con países fuera de la Alianza".

Según está correspondencia, el entonces teniente coronel Abraham Ruiz, que había estado destinado en NAMSA, fue el encargado de investigar la cadena de subcontratistas y obtener los contratos de las empresas intervinientes. Para ello , según se recoge en una una nota fechado el "se contó con la mediación del las sedes diplomáticas de España en Kiev, Moscú y Ankara".No obstante según lo declarado por el propio oficial ante el Juez Fernando Grande Marlaska, para obtener toda la información relativa a los contratos fue necesaria la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, sólo tras la intervención de los agentes se consiguió desentrañar al completo la maraña de contratos del vuelo y los porcentajes que se embolsaron los intermediarios.

El militar aseguró ante Marlaska que la investigación fue "complicada y laboriosa" por la enorme renuencia de las empresas y la nula trasparencia de los procesos de contratación por lo que fue necesaria "la ayuda de otros departamentos del Gobierno".De acuerdo a su testimonio, en la investigación participaron agentes del CNI en Beirut, Kiev y Madrid. Los agentes centraron sus pesquisas en la última compañía de la larga cadena de subcontratistas: JTR. SAL con sede en Beirut al igual que hicieron con la empresa UM Air, operadora del avión y con sede en la capital de Ucrania. Sólo tras la intervención del CNI España consiguió averiguar el precio final recibido por el último contratista.

Únete al canal de WhatsApp de la SER