El juez Castro acuerda investigar a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal

Sólo unas horas después de que la Cadena SER adelantara que la Agencia Tributaria descarta que Cristina de Borbón haya cometido los delitos de fraude fiscal y blanqueo, el juez que investiga al Instituto Nóos ha abierto formalmente una investigación por este motivo a la hija del rey. José Castro ha pedido al fisco las cuotas de las declaraciones de impuestos que la sociedad Aizóon compartían al 50% entre los años 2007 y 2010, los datos de sus cuentas bancarias o si esta empresa pagó la reforma del Palacete de Pedralbes que ascendió a tres millones de euros, como también les adelantó esta emisora. El juez del «caso Nóos», José Castro, seguirá investigando en profundidad a la infanta Cristina por los presuntos delitos de blanqueo y fraude fiscal. Para ello, ha dictado un auto en el que solicita a la Agencia Tributaria una batería pruebas relativas a los ejercicios de 2007 a 2010 sobre la sociedad Aizóon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin. Castro exige a Hacienda que «colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción en su informe del pasado mes de enero sobre la real intervención que en las supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo haya podido incurrir Cristina de Borbón». En especial, subraya el auto, «si ha podido hacer uso para rehabilitar su vivienda en el barrio de Pedralbes de fondos derivados de Aizóon» y cuyo coste ascendió a tres millones de euros, según adelantó la Cadena SER. El juez reclama, además, la cuota que resulte de la liquidación del impuesto de la mercantil entre los años 2007 y 2010, las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles y depósitos financieros de la hija del rey. Las últimas diez declaraciones de renta de la infanta, que este jueves reveló esta emisora, quedan en virtud de este auto judicial ya incorporadas a la causa. Camps y Barberá al borde de la imputación José Castro ha iniciado los trámites para mandar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la rama del caso que investiga los convenios de la Generalitat con el Instituto Noos. El juez ve indicios delictivos en el papel desempeñado por el expresident, Francisco Camps, y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tal y como adelantó Radio Mallorca. Por eso, solicita a las Cortes Valencianas los certificados de las actas de diputado de ambos. Es el primer paso del juez antes de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que investigaría las presuntas irregularidades en la firma de los convenios por los que las arcas públicas valencianas terminaron pagando más de tres millones de euros.