La cúpula financiera de Caja Madrid mantiene que el crédito fallido a Díaz Ferrán estaba "sobrado de garantías"
El magistrado Elpidio José Silva investiga la falta de garantías legales en los créditos a Díaz Ferrán durante la presidencia de Caja Madrid de Miguel Blesa y la operación de compra del City Bank of Florida en Miami en 2008 que supuso pérdidas de 500 millones de euros
Tres directivos imputados del Comité Financiero de Caja Madrid han declarado ante el juez del caso Blesa que el crédito de 26,6 millones a Gerardo Díaz Ferrán, entonces consejero de la entidad, contaba con garantías más que suficientes. Al mismo tiempo, aseguran que Díaz Ferrán les mintió sobre las garantías presentadas para devolver el crédito y tardaron un año en darse cuenta.
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El exdirector de Negocio de Caja Madrid, Gonzalo Alcubilla, imputado en el causa que investiga la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al grupo Marsans coincide con el exdirector financiero, Ildefonso Sánchez y Juán Bartolomé, actual consejero delegado de Bankia Hábitat cuando asegura que el crédito fallido de 26,6 millones de euros que aprobaron a Gerardo Díaz Ferrán estaba "sobrado de garantías".
Un argumento que el magistrado tendrá que contrastar - entre otras cosas- con las condiciones contractuales y la declaración como testigo del entonces consejero de Orizonia Gabriel Subías. Si el préstamo o la posterior ampliación de la línea de crédito a Díaz Ferrán estaba sujeto a una oferta de compra vinculante a Viajes Marsans chocaría con las palabras de Subías. El consejero confirmó que hubo oferta de compra, pero en ningún caso vinculante. Fue precisamente Alcubilla a quien la operación, en estas condiciones, le pareció viable.
El informe pericial de KPMG solicitado por el juez detectó numerosas irregularidades, tanto en la oferta vinculante de compra, en los avales aportados, o en la autorización del crédito por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros. Quedan por declarar tres consejeros más imputados Luis Crespo, Fernando Sobrini y Matías Amat. El magistrado dedicó de dos a tres horas a cada interrogatorio y decidió aplazar para la próxima semana el resto de declaraciones
