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El juez plantea imputar a Blesa y a Fernández Ordóñez por la estafa de las preferentes

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pretende abrir un proceso "por la mayor estafa de la historia de la democracia" española y pregunta a la Fiscalía por la imputación de consejeros y altos cargos del regulador

El magistrado une las querellas presentadas por UPyD, 15M y particulares y propone investigar la emisión de preferentes en Caja Madrid, Bancaja y Bankia. Los querellantes atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración desleal o fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, pretende abrir un proceso en el que investigar la supuesta estafa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, y posteriormente en Bankia. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, ha unido las distintas querellas presentadas por particulares, UPyD y el colectivo 15M y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la apertura del procedimiento. En el mismo escrito plantea la Fiscalía la posibilidad de imputar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, entre otros cargos.

Según las querellas planteadas, les atribuyen los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración desleal o fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Los querellantes sostienen que los consejeros y directivos de las entidades bancarias y los responsables de los organismos reguladores intervinieron, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes, que supusieron "la mayor estafa de la democracia" española, afectando a decenas de miles de pequeños inversores. Según datos de la CNMV, hasta el año pasado los bancos y cajas españolas habían colocado 23.000 millones en preferentes.

Las preferentes eran un producto de carácter perpetuo, riesgo elevado, escasa liquidez y enorme complejidad que no fue explicado a los inversores, que según los denunciantes fueron engañados. En muchos casos, perdieron todos sus ahorros.

 
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