La nueva ley antipiratería es insuficiente para los creadores

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (que integra a los productores de música, cine, videojuegos y libros) reclaman una "Comisión Sinde" sin políticos, que se actúe contra todo aquel que vulnere la ley (y no sólo contra los casos que causen "daños significativos", según recoge el anteproyecto), que se precisen las condiciones para actuar contra las webs que incluyen enlaces y que estas páginas tengan la misma responsabilidad civil que el que piratea.

Estos son, en esencia, los cambios que la coalición considera imprescindibles para que la futura Ley de Propiedad Intelectual funcione. Los creadores piensan que la reforma es positiva en el sentido que "existe una inquietud por parte del Ejecutivo de atender el problema de la piratería". Sin embargo, creen que el texto propuesto por el Gobierno "no sirve en su redacción actual para los objetivos que teóricamente persigue".

El primer cambio está relacionado con la composición de la Comisión dependiente de Cultura (la llamada "Comisión Sinde") que se encarga de estudiar las denuncias y reclamar la retirada de contenidos a una web que supuestamente ha pirateado. Los creadores reclaman que los miembros de esta comisión sean técnicos y no políticos. El Gobierno propone que una de las secciones de esta comisión esté compuesta por vocales del Ministerio de Cultura, Industria, Economía y Presidencia.

En cuanto a la labor de dicha Comisión, los creadores reclaman que pueda actuar contra todos aquellos que vulneren la ley y no sólo contra los casos que "causan daños significativos, cuantitativa o cualitativamente", tal y como se puede leer textualmente en el anteproyecto. La propuesta del Gobierno no aclara qué casos serán lo suficientemente significativos para actuar contra ellos.

La Coalición también pide más claridad respecto a las webs que alojan enlaces a descargas ilegales. El anteproyecto dice que se actuará contra ellas "cuando se cumplan determinadas condiciones" si aclarar cuáles. Los creadores consideran que esta redacción es confusa, que se debe precisar más y piden que estas páginas webs tengan la misma responsabilidad civil que aquellos que piratean y no una responsabilidad subsidiaria, como recoge el anteproyecto.

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Las alegaciones de la coalición también reclaman la regulación de un régimen sancionador completo y que el titular de la potestad sancionadora sea el secretario de estado de cultura. Otra de las medidas necesarias, según los creadores, es agilizar más las actuaciones previas contra aquellas webs que no cumplen la ley. El anteproyecto fija ese plazo en tres meses.