Empleo cifra en 1.900 millones el coste de la sentencia del TC sobre el tiempo parcial
El ministerio estudia retrasar el reconocimiento de las pensiones de algunos potenciales afectados mientras se trabaja en cubrir el vacío legal
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula, por discriminatorio, el método de cálculo de la pensión de los trabajadores a tiempo parcial le podría salir caro a las arcas de la Seguridad Social. El ministerio de Empleo calcula en 1.900 millones al año su potencial impacto. Potencial, porque no se materializará: el Gobierno trabaja en una solución de consenso con partidos, sindicatos y empresarios para cubrir el vacío legal. Mientras tanto, el ministerio propone el siguiente parche: apurar hasta el límite los plazos legales para reconocer las prestaciones a los potenciales afectados.
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Al anular las normas de cotización vigentes hasta ahora para los trabajadores de tiempo parcial, el TC hace que a estos trabajadores se les apliquen las reglas de los trabajadores a tiempo completo. Algo que puede favorecer a la mayoría de los empleados a tiempo parcial, al darle acceso a prestaciones de mayor cuantía. Y mientras se busca una solución, el ministerio estudia un parche que supone ni más ni menos que retrasar el reconocimiento de las pensiones de las personas que se podrían ver beneficiadas por la sentencia.
Lo ha dicho el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la que estudia los cambios en el sistema de pensiones. Burgos se ha mostrado partidario de "ampliar los plazos de reconocimiento de estas prestaciones" dentro de los plazos que permite la ley. Ahora, las prestaciones de jubilación se reconocen, de media, a los 6 días de solicitarlas, aunque la ley da margen al sistema para tardar 90 días. Burgos propone por tanto retrasar hasta tres meses el reconocimiento de las pensiones a los potenciales beneficiarios del vacío legal mientras éste se cubre.
Por lo demás, Burgos no ha anticipado qué solución querría el Gobierno para el vacío que abre la sentencia del Constitucional. Sí que ha dicho que quiere que sea consensuada con partidos políticos y agentes sociales, con los que ya está manteniendo reuniones. No hacer nada, dice Burgos, sería caro e injusto: caro porque costaría al sistema hasta 1.900 millones al año, e injusto porque en este caso los trabajadores a tiempo completo se verían discriminados: cobrarían en bastantes casos pensiones similares a los trabajadores a tiempo parcial a pesar de que su esfuerzo de cotización sería más alto.
Gasto importante para el sistema
Burgos hadesglosado los costes para el sistema de Seguridad Social de la siguiente manera: el reconocimiento de mejores pensiones a antiguos trabajadores a tiempo parcial podría alcanzar los 1.500 millones, y las nuevas altas de pensionistas a tiempo parcial supondrían unos 100 millones al año, de forma que pronto el coste se estabilizaría en torno a 1.900 millones al año, según las cifras de Empleo.
Ante esta situación, Burgos ha instado a los grupos a pactar una nueva regulación para dar solución "de una vez" al método de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El Secretario de Estado ha recordado que ya trabaja con sindicatos y empresarios en buscar un pacto en este sentido; en la tarde de este martes se celebrará precisamente una reunión entre Gobierno y agentes sociales.
