El Poder Judicial no cree que Gallardón haya facilitado el acceso a la justicia gratuita con su última reforma
Aprueba un duro informe contra la reforma que también duda de la viabilidad económica de la nueva Ley de Tasas judiciales y de Justicia Gratuita
MADRID
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe crítico con la nueva modificación de la Ley de Tasas aprobada por el Congreso de los Diputados. El escrito critica que se haya tramitado la Ley por la vía del Real Decreto, al mismo tiempo que duda de su viabilidad económica y tilda de "supuesta" la elevación de los umbrales económicos de acceso a la justicia.
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe muy crítico con la última reforma de las leyes de Tasas y de Justicia Gratuita promovida por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y aprobada por el Congreso de Ministros el pasado jueves 15 de marzo. El Consejo duda tanto de que se hayan subido los umbrales económicos de acceso a la justicia gratuita como de la propia viabilidad económica de la nueva legislación.
Los magistrados critican con dureza que el camino escogido por el titular de la cartera de justicia para aprobar el núcleo del Anteproyecto haya sido la vía del Real Decreto, "sustrayéndose" la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial. Indica que, en cualquier caso, la valoración de la existencia de una "enorme necesidad o urgente necesidad" para aprobar una Ley por vía de Real Decreto corresponde a las Cortes.
El informe, aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y una abstención, ve "discutible" que la vía para tramitar asuntos como las tasas judiciales o la justicia gratuita sea la del Real Decreto, alegando que podría afectarse el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en la Constitución.
Dudas sobre la viabilidad de la Ley
El escrito critica una "importante omisión para la viabilidad de la nueva Ley", señalando que no se hace mención a los recursos económicos de los que van a disponer para esto las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias en materia de justicia. Señalan los magistrados que "debería articularse un mecanismo que garantice la adecuada disponibilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas competentes".
El Consejo General del Poder Judicial también tiene "dudas razonables" sobre si se han subido los umbrales económicos, algo que define como una "supuesta elevación", y por tanto la cantidad de gente que podrá acogerse a la justicia gratuita. A este respecto critica el informe que se insista en utilizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para dilucidar el acceso a la justicia gratuita cuando se trata de un indicador "que no hay obligación legal de actualizar anualmente". También critica que el ejecutivo haya tomado como referencia los ingresos brutos de cada individuo, ya que "supone dejar fuera del ámbito de la justicia gratuita a sujetos que tendrían derecho" si se calculase en base a los ingresos netos.
El informe del Consejo ve con buenos ojos que se haya ampliado el acceso a la justicia gratuita a colectivos como las víctimas de violencia de género, del terrorismo o de trata de blancas. Los magistrados también proponen una serie de medidas como por ejemplo la ampliación de la justicia gratuita a los reclamantes por enfermedades profesionales. Opina igualmente el Poder Judicial que el beneficio de la justicia gratuita para trabajadores debería extenderse también a cuando reclamen por la vía de lo contencioso-administrativo y no sólo cuando lo hagan por lo social.
