AFEM presentará hoy a la Defensora del Pueblo un informe sobre la "inconstitucionalidad" de la privatización sanitaria

Esta mañana, trabajadores del sector sanitario han entregado una nueva tanda de firmas, 413.000, reiterando su petición de retirada del Plan de Sostenibilidad del Gobierno madrileño, a iniciativa de la plataforma Patusalud.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) presentará este jueves a la Defensora del Pueblo un informe sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 8/2012 de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid que posibilita la ampliación de la gestión externalizada a seis hospitales de la región.

Con ello, Afem pretende mostrar a la opinión pública, así como a las instituciones y grupos políticos legitimados y capacitados para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, datos y elementos de juicio para que puedan conocer los efectos de la medida.

En este sentido, sobre las 18.45 horas de este jueves Afem presentará el informe a la Defensora del Pueblo en la sede de la institución, según informa el colectivo de facultativos.

El estudio, realizado de forma conjunta con los servicios jurídicos de Afem, analiza las consecuencias jurídicas, sanitarias y económicas de la externalización teniendo en cuenta las experiencias de otros países en materia de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

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Al respecto, el presidente de Afem, Pedro González, detalla que la Comunidad de Madrid se "va a lanzar a un proceso privatizador" de la sanidad regional "sin tener ningún estudio" tanto sobre el coste real como de la viabilidad de este modo de gestión. De hecho, según remarca, el informe apunta a la inviabilidad económica de esta medida.

Dicho estudio sostiene que la normativa aprobada por la Asamblea de Madrid vulnera las normas constitucionales básicas en materia de sanidad pública y seguridad social. Uno de los argumentos es que rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria.

Concretamente, el informe remarca que los hospitales públicos tienen un régimen económico presupuestario y cooperativo que no genera ningún problema a la hora de derivar a otro paciente a otros centros de la red que se considere más idóneo para la atención. Frente a ello, Afem entiende que el régimen económico y contractual de los centros ''privados'' establece penalizaciones en caso de derivación de pacientes de su zona.

Además, el informe impulsado por Afem sostiene que el modelo que pretende articular la Consejería de Sanidad establece una especie de ''apartheid'' sanitario que discrimina a los pacientes por zonas. Con ello, se presupone que la población de los centros concesionados no tiene libertad de elección plena de centro y se generaría dificultades para ser atendidos en otras instalaciones fuera de la zona.

Afem remarca que el estudio sobre la inconstitucionalidad de esta medida pone de manifiesto que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún estudio sobre cómo optimizar sus recursos sanitarios ni de los costes reales que implica la externalización de la gestión, como tampoco dispone, a su juicio, de mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales "privatizados".

Nuevas firmas contra la privatización sanitaria

Además, esta mañana un centenar de trabajadores de varios hospitales de la Comunidad de Madrid han protestado ante la Consejería de Sanidad y han entregado 413.000 firmas contra las privatización de la sanidad madrileñas.

Con la entrega de las últimas rúbricas recogidas hasta ayer mismo en todos los hospitales públicos de la región, además de centros de salud, se ha dado por finalizado el encierro de trabajadores que empezó ayer en el Hospital Doce de Octubre, convocado por la asociación Patusalud.

La asociación considera "un éxito la nueva recogida de firmas" y recuerda que su propósito era "recoger un millón y medio de firmas, tantas como votos ha tenido el Partido Popular en las pasadas elecciones regionales, como una manera de desautorizar la política sanitaria del Gobierno de Ignacio González".

Las plataformas de trabajadores y usuarios de la sanidad pública madrileña han reiterado su petición de retirada del Plan de Sostenibilidad del Gobierno madrileño.

Esta iniciativa de Patusalud coincide con el anuncio del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, de que los pliegos para la adjudicación de seis hospitales se publicarán "en unas semanas", mientras que el decreto que regulará la externalización de cuatro centros de salud se publicará "en dos meses".