Hacienda negociará con las autonomías un objetivo de déficit individualizado para este año | 21-03-2013

Se espera que Bruselas flexibilice el objetivo del conjunto del Estado y las comunidades autónomas quieren entrar en esa ampliación. Para determinar los criterios por los que se efectuara el reparto -un criterio no equitativo entre las regiones- se creará un grupo de trabajo, tal y como querían Cataluña y Andalucía y rechazaban Madrid y Castilla y León, entre otras.

El ministro Montoro se ha comprometido este jueves ante las Comunidades Autónomas a flexibilizar el objetivo de déficit establecido en el 0,7% en cuanto Bruselas confirme que da más margen a España.

Por otro lado, todas las Comunidades Autónomas han aceptado crear un grupo de trabajo que estudie cómo establecer objetivos de déficit diferentes para cada una de ellas, a pesar de las fuertes críticas manifestadas desde gobiernos como el de la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha celebrado esta tarde en Madrid una reunión en la que todos puntos del orden del día se han aprobado por unanimidad, incluido éste que supone el desarrollo del artículo 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que abre la puerta a establecer objetivos de déficit diferentes.

La creación de este grupo de trabajo no presupone, sin embargo, que esa diversidad de objetivos se vaya finalmente a aprobar.

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Las comunidades han cesado la actividad de 477 entidades autonómicas de las 525 que se comprometieron a cerrar, según el último informe sobre la reordenación del sector público autonómico, lo que supone que el 90,86 de las entidades están ya disueltas o en la fase previa a su extinción.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se han suprimido 229 entidades y otras 248 están en proceso de extinción, de las que 91 están de baja efectiva, 59 en proceso de liquidación o disolución y 98 han cesado su actividad.

Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este jueves, las autonomías han añadido un compromiso adicional de reestructuración que afecta a otras 161 entidades y se ha informado de los 248 procesos que, a 1 de octubre de 2012, estaban todavía abiertos.

Los procesos de extinción de entidades, a falta de información de determinadas comunidades producirán un ahorro estimado en el período 2011-2013 de más de 1.500 millones de euros, que se distribuyen en 414,8 en 2011, 669 en 2012 y 421,5 en 2013, según Hacienda que prevé una reducción de personal de 5.863 efectivos con un coste anual de 130 millones de euros.

Añade que esos procesos de las entidades que causan baja por extinción o fusión gestionan un total de gasto no financiero de 6.810 millones de euros con una plantilla media de 25.580 efectivos.