Jueces y secretarios judiciales comienzan la suspensión de los primeros desahucios

Después de que el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo dictaminase ayer que la normativa española de desahucios es contraria a la doctrina comunitaria y no protege lo suficiente a los consumidores ante las cláusulas abusivas, llegan las primeras consecuencias prácticas. El primer desahucio paralizado precisamente por intereses de demora e inmuebles que no han salido a subasta por decisión de los secretarios judiciales.

Los secretarios judiciales se habían sumado desde hace tiempo a la petición de un cambio legal contra los desahucios. 24 horas después de conocer la sentencia europea algunos ya han hecho uso de ella. Son el primer filtro en la tramitación del proceso de desalojo. Quienes firman la salida a subasta del inmueble y el lanzamiento, el último trámite, el paso final antes de que el afectado pierda definitivamente su vivienda.

Así que, haciendo uso de sus competencias, con el dictamen europeo recién salido de Europa, alguno de ellos ha decidido echar el freno en sus tribunales. Es el caso de un juzgado de Hospitalet de Llobregat, donde la secretaria judicial ha paralizado esta misma mañana la salida a subasta de cinco viviendas. Ha habido paralizaciones también en Madrid, Valencia y Lanzarote. Viviendas que no han salido a subasta y lanzamientos que no se han producido. Puede que el juez vuelva a reactivarlos y acaben en desalojo, pero de momento, el juez podrá tomar una decisión al respecto, algo que no permite la ley española. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales, Rafael Lafuente, su presidente, asegura que "lo han hecho motu propio, porque entienden que no hay seguridad jurídica para continuar el proceso de ejecución hipotecaria. El segundo motivo es porque pretenden que el juez pueda entrar a valorar si las cláusulas de la hipoteca son abusivas o no".

En Lanzarote, el juez Arturo Valdés ha sido sensible a la petición de un afectado que a través de su abogado se ha personado en el juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife solicitando frenar su anulación por un posible abuso en los intereses de demora. Todos lo han hecho al contenido de la sentencia europea. Entienden que la norma española no contempla las claúsulas abusivas en los contratos hipotecarios, es contraria al consumidor y al derecho europeo.