Las administraciones no cumplen con los plazos de pago de la Directiva Europea

Hoy termina el plazo para que los Gobiernos de la Unión Europea se adapten a la directiva que obliga a las Administraciones Públicas a pagar en un tiempo límite de 30 días. A finales de febrero el ejecutivo español ya aprobó en un Real Decreto su aplicación en nuestro país, sin embargo a día de hoy la demora en los pagos es de 140 días.

Este sábado expira el plazo para que los países miembros de la Unión Europea aprueben la directiva contra la morosidad. Esta normativa, que el Gobierno español ya la traspuso a finales de febrero, obliga a sus administraciones a pagar a 30 días, a pesar de que la realidad en nuestro país es que se sigue pagando tarde. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), su secretario general Sebastián Reyna, cree que "no se están cumpliendo con los plazos y que la Administración Pública no cumple con los 30 días que están establecidos".

Sin embargo, la diferencia no solo radica en ese nuevo plazo legal de 30 días (en la anterior legislación era a 40) sino que también, ahora el que no cumpla con los tiempos de pago, lo está haciendo de forma ilegal y además con un recargo del 8,75% en intereses, según fijó el propio Real Decreto que hizo el Gobierno y la normativa europea. A pesar de ello, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aseguran que España está muy lejos de cumplir tanto con la ley como con la directiva de la Unión Europea. Su presidente Lorenzo Amor pide al Ejecutivo central que vele por su cumplimiento, porque "no se puede pedir a los ciudadanos que lo hagan, si quien tiene que dar ejemplo que es la administración, no lo hace".

Para trata de atajar la alta demora en los pagos, que se sitúa en torno a los 140 días, el Gobierno que ya aprobó una ampliación del Plan de Pago a Proveedores de 2.600 millones de euros, está estudiando ahora una nueva fórmula para reducir la morosidad de las administraciones, tasada en unos 5.000 millones de euros. Ésta, consistiría en que Hacienda asumiría el abono de las facturas que han sobrepasado los plazos y después se le descontaría de las aportaciones a las respectivas administraciones deudoras.

La morosidad sigue siendo uno de los principales lastres para la actividad económica. Uno de cada cinco autónomos o empresas que cierran lo hace por esta causa, y uno de cada cuatro despidos que se producen en España, deriva de los impagos de las propias administraciones públicas.

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