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La Fiscalía de la Audiencia Nacional a favor de investigar Banca Cívica

La Fiscalía ve indicios de la comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas y pide al juez Eloy Velasco que admita a trámite la querella

La Fiscalía quiere que sea admitida la querella interpuesta por UPyD contra varios consejeros de Banca Cívica y contra CaixaBank que habrían "manipulado las cuentas" y provocado que 26.000 personas perdieran la mitad de su inversión

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La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que admita la querella interpuesta por UPyD contra varios consejeros delegados de Banca Cívica y contra CaixaBank por la supuesta comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. El Ministerio Público considera que la Audiencia es el órgano competente para investigar estos hechos y pide que el Juzgado de Pamplona que inició las actuaciones se inhiba en favor de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía quiere investigar si para llevar a cabo la fusión entre cuatro cajas que originó Banca Cívica fueron manipuladas las cuentas con el objetivo de crear una apariencia de mayor solvencia que la real. El Ministerio Público recuerda que al fracasar el primer intento, la entidad se fusionó con CaixaBank, lo que pudo provocar un perjuicio a 26.000 inversores que perdieron la mitad de su dinero.

En su escrito, los fiscales Dolores Delgado y Vicente González Mota también consideran que debe ser investigado el posible vaciamiento patrimonial de la caja con operaciones como la compra de terrenos a precios muy superiores a los de mercado a empresarios con créditos en la entidad, o el cobro de dietas y el posible falseamiento de la contabilidad.

La culminación de estos hechos, sostienen los fiscales en el escrito, concluiría en ese "extraordinario perjuicio patrimonial para una generalidad de personas con grave afectación a la seguridad del tráfico mercantil y sería de repercusión en la economía nacional". "Es evidente", añade, "que la captación de recursos a través de una Oferta Pública de Acciones supuso la concurrencia a la operación de salida a Bolsa de una generalidad de inversiones". En la medida que se trataba de una entidad que había sido dotada de fondos públicos a través del FROB, "puede señalarse la evidencia de posible perjuicio y repercusión en la economía nacional, lo que deberá acreditarse a través de la instrucción del proceso".

 
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