El Congreso estudiará si la Casa Real se somete a la ley de Transparencia
El PP no descarta que queden bajo la ley los recursos públicos que emplean diversos ministerios al servicio de la Casa Real, pero no la propia institución
Los grupos parlamentarios se han comprometido a estudiar "la mejor fórmula" para aplicar la ley de Transparencia a los partidos, los agentes sociales y las "entidades e instituciones que se financian esencialmente a través del dinero público", lo que podría afectar a la Casa Real.
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Este acuerdo se ha incluido en una propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación que han firmado PP, CiU, UPyD, UPN y CC con el objetivo de suscribir un pacto contra la corrupción y la transparencia. El PNV ha votado a favor, pero el PSOE, la Izquierda Plural y parte del grupo mixto (Amaiur, BNG y Geroa Bai), a pesar de compartir buena parte de sus propuestas, se han abstenido y la iniciativa ha sido aprobada con 214 votos.
Ha sido el portavoz de CiU, Pere Macías, quien ha subrayado ante el pleno del Congreso que se estudiará la posibilidad de que la Corona se someta a la ley de transparencia al ser una institución que se financia con recursos públicos. En su propuesta inicial, el PP hablaba sólo de "entidades", y no de "instituciones", pero fuentes del grupo parlamentario han dejado claro que su posición no ha cambiado y que han aceptado esta nueva redacción en aras del consenso para lograr un pacto abierto.
En opinión de los populares, podrían quedar bajo la ley de transparencia los recursos públicos que emplean diversos ministerios -como Interior o Asuntos Exteriores-, al servicio de la Casa Real, pero no la propia Casa Real, ya que la Constitución establece que el Rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de los presupuestos "para el sostenimiento de su familia y Casa". El debate se abrirá cuando se presenten las enmiendas a la ley de transparencia.
Al margen de esta cuestión, la resolución apuesta por un acuerdo de las fuerzas políticas para luchar contra la corrupción que debería incluir un "pacto ético" sobre el tratamiento de los distintos casos y de los encausados y una comisión independiente formada por personas de reconocido prestigio social que remita al Parlamento un informe con propuestas para regenerar la democracia. Se insta además al Gobierno a presentar los proyectos que anunció Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación: una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos; una reforma de la ley del Tribunal de Cuentas; una reforma de la ley de contratos del sector público; una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas, y la reforma del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal.
En el ámbito parlamentario, además de las propuestas relativas a la ley de transparencia, se pide la puesta en marcha inmediata de la Oficina presupuestaria de las Cortes Generales.Los firmantes del acuerdo reclaman también que se estudien medidas para regular el trabajo de los lobbies y para modernizar las campañas electorales en puntos tan concretos como su duración, la realización de sondeos o la celebración de debates. Se deberán estudiar asimismo propuestas contra el transfuguismo políticos, iniciativas para facilitar las iniciativas legislativas populares y la reforma de la ley electoral para mejorar el voto desde el extranjero.
