El PP busca un pacto con el PSOE para suprimir mancomunidades y reducir los concejales

El Ejecutivo ultima un acuerdo con la oposición sobre la reforma de entidades locales, que contempla la supresión de mancomunidades y la limitación del sueldo de los alcaldes.

El ejecutivo trata de llegar a un acuerdo con la oposición sobre la reforma de entidades locales. Una reforma que el Gobierno pretende cerrar en las primeras semanas de este 2013 . El Gobierno quiere un pacto con el PSOE y lo quiere pronto para poder asi dar luz verde en un clima de consenso a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ( incialemnte prevista para finales de 2012). Pero el PSOE considera que el acuerdo está todavía lejos. El secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías considera que "a día de hoy ese acuerdo está muy muy lejano". desde su punto de vista, comparten "la racionalidad de las retribuciones de los electos locales"- tanto alcaldes como concejales- "pero no coincidimos por ejemplo en el papel que se les quiere dar a las diputaciones provinciales, ni con la eliminación automática de las mancomunidades"

"No eliminar ninguna mancomunidad que cumpla con su tarea"

El borrador de la reforma planteada por el Gobierno contempla la eliminacion de las cerca 1000 mancomunidades de municipios que prestan servicios a varios consitorios de una misma zona. El PSOE dice que se opondrá a que se supriman automaticamente todas las entidades de este tipo ya que hay "muchas de ellas" que prestan servicios de incalculable valor para la ciudadanía. "No se debe eliminar ninguna mancomunidad que cumpla su papel. Eliminar por eliminar, sin realizar una evaluación previa de que función cumplen nos parece algo que no podemos permitirnos y que hoy por hoy no comparte el Partido Socialista"

La reducción de concejales, el principal escollo

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El principal escollo sigue siendo la reduccion del número de concejales que el gobierno cifro incialmente en un 30%. El PSOE considera que no debe reducirse ni un solo cargo electo ya que la medida no se traduciría en ahorro para las arcas públicas y sí "supondría una merma de instrumentos democráticos necesarios para los ayuntamientos".