Un juzgado admite a trámite la querella presentada por IU contra Cristina Cifuentes

La coalición acusa a Cifuentes de ordenar identificaciones indiscriminadas durante la manifestación del pasado 27 de octubre contra los recortes y de imponer duras sanciones a las personas que protestaron en las inmediaciones del Congreso.

El juez va a investigar si Cifuentes cometió dos delitos: uno contra la Constitución por realizar identificaciones arbitrarias de los manifestantes que acudieron a la convocatoria de Rodea el Congreso el pasado 27 de octubre en la plaza de Neptuno, una concentración que no fue comunicada a la delegación, y otro delito de falsedad documental por multar a 300 personas a través de esas identificaciones.

Ricardo Sixto y Alberto Garzón presentaron el 12 de diciembre la querella en el juzgado de Plaza de Castilla de Madrid para protestar por las sanciones impuestas a las personas que se acercaron a las inmediaciones del Congreso y, señalan que el objetivo del Gobierno es amedrentar a los ciudadanos y que una manifestación no comunicada no es sinónimo de ilegal.

En la denuncia señalan que había un plan diseñado previamente para sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno, y que los únicos incidentes que se produjeron en la manifestación los protagonizaron la Policía al intimidar los ciudadanos obligarles a identificarse.