La Defensora del Pueblo pide a la Policía que no se usen capuchas en los interrogatorios
La institución responde así al escrito del Colegio de Abogados de Madrid, donde los abogados de un grupo de detenidos durante una manifestación trasladaron la denuncia
La Defensora del Pueblo una recomendación a la Dirección General de la Policía y pide que los agentes no usen capucha en los interrogatorios en dependencias policiales. Recuerda que no hay legislación que regule el uso de la capucha aunque vulnera el derecho a la asistencia letrada de los detenidos y, como tal, "debería prohibirse expresamente".
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La adjunta a la Defensora del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, ha emitido una recomendación no vinculante a la Dirección General de la Policía pidiendo que no vuelvan a repetirse en dependencias policiales la toma de declaración y custodia de los detenidos por parte de agentes encapuchados. Pide que "no oculten su rostro" con prendas que no forman parte del uniforme reglamentario y que dentro de las dependencias policiales el personal se identifique con carnet y número de placa. Añade además la necesidad de garantizar sin interrupciones la entrevista privada del detenido con el abogado. En el escrito, la institución solicita que se impartan las instrucciones oportunas para que se siga la recomendación.
La institución da la razón a la denuncia presentada por un grupo de abogados de la Comisión legal de Sol (vinculada al 15-M) tras los interrogatorios a sus detenidos, después de una manifestación contra la reforma laboral, en la comisaría de Moratalaz. Los nueve detenidos se encontraban el pasado 10 de febrero en la Puerta del Sol, tras la concentración subieron por la Corredera de San Jerónimo hacia el Congreso hasta ser arrestados por los agentes de las Unidades de Intervención Policial, según el escrito.
La Dirección General argumentó al Defensor del Pueblo que iban encapuchados dentro de la Comisaría para salvaguardar la seguridad de los funcionarios ante posibles atentados y para una eficaz acción policial. Para la Defensora esta no es "justificación objetiva y razonable" porque "las razones de seguridad deberían aplicarse de cara al público, en la vía pública y ante situaciones que demandan preservar la identidad de los agentes". En el escrito explica que sería razonable la ocultación del rostro de los agentes a las puertas del recinto, para evitar ser grabados por familiares y esas imágenes se usen para un fin ilícito.
El argumento más duro de la misiva mantiene que el uso de la capucha "dentro de las dependencias empaña el correcto ejercicio del derecho a la asistencia letrada de los detenidos, y como tal, debería prohibirse expresamente". Desde la Dirección General de Policía, según han explicado a esta emisora, cuando ese hecho puntual se produjo la Dirección Adjunta Operativa ya dio instrucciones para que no se repitiera la práctica.
