Gallardón sostiene que un hijo indeseado no daña la salud de la mujer
El Gobierno de Rajoy insiste en reformar la Ley del Aborto de 2010
Gallardón defiende que uno de los argumentos que le lleva a reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado. Así se recoge en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV, Laia Ortiz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
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El Gobierno justifica que su reforma "no se basa en frías estadísticas" y son "multitud" las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas. En este sentido, recalca que la reforma de la actual legislación sobre el aborto, anunciada por el Gobierno, se inspirará y respetará ese principio universal que se configura como uno de los derechos humanos que "merece mayor protección".
Entre estos destaca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, que recomienda al país que reforme la actual normativa y suprima el plazo de 22 semanas para abortar en casos de malformación del feto. Es más, dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y dicha Convención.
El número de abortos aumenta
Finalmente, cita últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2010, año en que hubo más de 113.000 abortos, una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres, siguiendo una tendencia de crecimiento constante durante la última década. (En 2001 esa tasa se situaba en un 7,66). Con todo ello, recuerda que la normativa de 2010 fue aprobada en la anterior legislatura socialista "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos". "A diferencia de la realizada por el anterior Gobierno, es una reforma anunciada y que se tramitará, por ser donde originalmente se abordó en 1985 esta materia, a través de la Comisión de Justicia", ha agregado.