La normativa de Madrid Espacios y Congresos sí prohíbe contratar a empresas endeudadas
El Ayuntamiento de Madrid, a través del presidente de la empresa pública Pedro Calvo, evitó asumir cualquier responsabilidad alegando haber firmado un contrato privado exento de esta obligación
La norma interna que rige el procedimiento de Madrid Espacios y Congresos prohíbe contratar con quienes no estén "al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social". La empresa organizadora de la fiesta de Halloween en Madrid Arena sumaba hasta 51 incidencias con la administración y tres embargos
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La versión del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación de Diviertt SL, la empresa organizadora de la fiesta del Thriller Music Park en el Madrid Arena de la Casa de Campo, evadió cualquier responsabilidad en materia de contratación. En la segunda comparecencia ante los medios, sólo un día después del suceso, Pedro Calvo, delegado de economía y máximo responsable de Madrid Espacios y Congreso, era preguntado por la imposibilidad de firmar contratos con la empresa Diviertt, que acumulaba deudas y no estaba al día con la Seguridad Social. Según Calvo, se firmó contrato privado, regido por el derecho mercantil, y por tanto exento de esa responsabilidad.
Pues bien, la normativa interna de Madrid Espacios y Congresos dice lo contrario. Según las instrucciones de contratación, Madrid Espacios y Congresos tiene prohibido contratar a empresas endeudadas con Hacienda o la Seguridad social, así de rotundo es el documento, consultado por la Cadena SER, que establece los procedimientos.
Según la norma, se lee textualmente, "sólo podrán contratar las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad y acrediten su solvencia económica" Y continúa, estará prohibido hacerlo con quienes no estén "al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social".
Diviertt, la sociedad de Miguel Ángel Flores a la que el Ayuntamiento alquiló el recinto Madrid Arena, tenía 51 incidencias judiciales y administrativas, 3 embargos y un riesgo de impagos del 100%, según datos mercantiles confirmados por el Ayuntamiento. Quince días antes del evento, debían al Estado algo más de 26.000 euros.
Expertos jurídicos consultados por la Cadena SER aseguran que el contrato podría ser fraudulento y consideran que las consecuencias son relevantes. El Ayuntamiento podría acabar teniendo una responsabilidad directa, no sólo subsidiaria, como responsable de haber alquilado el espacio donde murieron trágicamente cuatro jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre. Es la opinión de Javier Gonzalo, presidente del despacho Gonzalo Abogados, experto en derecho administrativo y especializado en asesorar a Ayuntamientos en esta materia. Según Gonzalo "si la empresa pública no siguió los trámites legales para firmar ese contrato de arrendamiento omitió la legalidad y por tanto, tendría la principal responsabilidad porque habría estado utilizándolo una empresa de forma anormal. El bien - el recinto Madrid Arena - es de una entidad pública y la ley lo que preserva es el buen uso que se hace".
