Los detenidos en el 25-S, acusados de un delito contra las altas instituciones del estado

Los detenidos en el 25-S no solo van a ser imputados por delitos de orden público, daños y lesiones sino que también van a ser acusados por un delito contra las altas instituciones de la nación. Lo confirman a la SER fuentes del ministerio de Interior. Estos delitos están tipificados en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal que se refieren a la invasión en sedes de organismos legislativos, promoción de manifestaciones contra órganos legislativos e intento de penetrar en sedes de órganos legislativos para presentar peticiones.

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Los 35 detenidos por los disturbios ocurridos el martes en la protesta 'Rodea al Congreso' no solo van a ser imputados por delitos de orden público, daños y lesiones sino que también van a ser acusados por un delito contra las altas instituciones de la nación. Lo confirman a la SER fuentes del Ministerio de Interior.

Según estas fuentes la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en su artículo 61.1 que serán juzgados por la Audiencia Nacional aquellos imputados por delitos contra altas instituciones de la nación y forma de gobierno.

Estos delitos están tipificados en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal que se refieren a la invasión en sedes de organismos legislativos, promoción de manifestaciones contra órganos legislativos e intento de penetrar en sedes de órganos legislativos para presentar peticiones.

El artículo 493 del Código Penal dice textualmente que "los que sin alzarse publicamente, invadieran con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

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El artículo 494 del mismo Código dice que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.

Los 38 detenidos todavía están en dependencias policiales y en las próximas horas pasarán a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional a esta hora no tienen constancia de que los detenidos vayan a ser acusados de un delito cometido contra los organismos de la nación.