Las dificultades para la independencia catalana

El artículo 2 de la Carta Magna, consagra "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", y también "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Según establece el ordenamiento jurídico español, no es posible una secesión unilateral de Cataluña, aunque existen, en hipótesis, pasos legales para llegar a esta demanda.

La iniciativa tendría que ser evaluada mediante un referéndum entre la población censada después de disolver el Parlament de Cataluña y que los grupos parlamentarios emitieran su opinión específica sobre la propuesta de independencia.

Además requeriría la votación en el Congreso y el Senado, la aprobación en referéndum y la posterior disolución de las Cortes.

No serían ciudadanos de la UE

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Otra de las dificultades que tendría el encaje de una Cataluña independiente en la esfera internacional comienza por la Unión Europea, ya que quien firmó los tratados de adhesión fue España. Para entrar en la UE te tienen que admitir todos los países miembros y el Estado español tiene derecho de veto.

Además la UE decidió el pasado mes de Julio rechazar cualquier modificación del Tratado de la Unión para facilitar la admisión de una hipotética nación catalana, ante una propuesta de Iniciativa Ciudadana promovida por Reagrupament y Òmnium Cultural.

La Comisión Europea sostiene que 'está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados'. La secretaria general de la Comisión Europea, Catherine Day, señala que, 'de acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), solo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE', y advierte de que 'la ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional'. En su resolución, la Comisión añade que 'no existe base jurídica alguna en los Tratados de la UE que permita que legislación secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro', y subraya que 'en caso de secesión de una parte de un Estado miembro, la solución se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional'.