Canarias, Andalucía, Asturias y Euskadi rechazan los recortes en Sanidad

Los Departamentos de Sanidad de Canarias, Andalucía, Asturias y el País Vasco, que no han asistido a la reunión de Valladolid con la ministra Ana Mato, han pedido al Gobierno que impulse el diálogo y han rechazado los recortes que entran en vigor el sábado.

En un comunicado conjunto difundido desde el Gobierno Vasco, los responsables de Sanidad de estas cuatro comunidades autónomas han explicado que se han ausentado de la reunión "informal" convocada por Castilla y León, a la que se ha sumado el Ministerio de Sanidad, porque no respaldan las políticas "regresivas" que se van a implantar a partir del 1 de septiembre.

Así, se han referido expresamente a la "retirada de medicamentos del sistema de financiación pública" y a la "implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles" y "a extranjeros que residen en España".

En este sentido, han expresado su rechazo "a todas aquellas medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial".

Asimismo, han pedido, "una vez más", al Ministerio de Sanidad "que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales en el seno del Consejo Interterritorial y en las sedes parlamentarias".

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También han solicitado al Ministerio de Sanidad que respete el ámbito de decisión de las autonomías y que entienda que la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida. Han recordado que la aportación de las comunidades autónomas puede además mejorar la calidad y eficiencia de la sanidad española. Además, han advertido de que la reforma del Sistema Nacional de Salud debe partir del diálogo conjunto institucional y democrático, situación que no se ha dado hasta ahora.

Por último, han advertido de que la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como la sanidad, ni por privatizar la cobertura y gestión de los servicios públicos.

También han considerado que el respaldo social, político y profesional que existe actualmente en torno al Sistema Nacional de Salud "puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión".