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El Gobierno endurece el castigo al fraude fiscal y laboral

El Consejo de Ministros ha dado también el visto bueno a la Ley de Transparencia, que permitirá inhabilitar durante diez años a los malos gestores

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, con el fin último de "acabar en España con esa visión tolerante de los que defraudan".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" a través de un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

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Un "cambio en la mentalidad de lo privado" para "acabar en España con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo".

También acabar con "el que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez con los impuestos de los españoles", algo que "no es admisible en ningún momento" pero menos en el actual, ha señalado.

"Nadie puede ir de listo por la vida, defraudando y cobrando subvenciones", ha recalcado la vicepresidenta, que ha explicado que el anteproyecto se envía ahora al Congreso para su discusión en el próximo periodo de sesiones.

Endurecimiento de la ley de Transparencia

También se ha referido a la aprobación del proyecto de ley de Transparencia, centrándose en las novedades acordadas. En este sentido, los gestores públicos que falseen las cuentas u oculten datos, generando un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.

Además, esta legislación conllevará una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haber sido penado con una sanción grave sea "causa de ilegibilidad".

 
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