Más de 2.000 personas imputadas en 2011 por delitos contra la propiedad

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incautaron de unos 9 millones de objetos falsificados e imputaron a 2.101 personas en el último año. Los delitos de distribución ilegal bajan un 31,1% respecto a 2010 por "la evolución tecnológica" del CD/DVD al formato digital. Se trata del primer balance policial tras la entrada en vigor de la polémica Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Educación.

La Policía y la Guardia Civil, a través del ministerio de Interior, ha publicado el informe y balance de las intervenciones, detenciones y delitos contra la propiedad industrial e intelectual durante 2011. En cifras, imputaron a unas 2.100 personas e incautaron 8,79 millones de objetos valorados en 694 millones de euros.

Del total de las intervenciones, un 67,9% corresponden a productos que se encuadran dentro de la propiedad intelectual. En relación a la distribución ilegal de mercancías, los delitos y faltas han caído un 31,1% respecto a 2010 y las detenciones e imputaciones un 40,2%. El principal motivo ha sido "la evolución digital", el cambio de formado de CD/DVD al digital.

A la cabeza de este tipo de delitos, están Andalucía (41,9), Madrid (28,3) y Cataluña (10,9). El balance de Interior recuerda que el sector general cerca del 4% del PIB español.

Propiedad en la red

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La Policía centra la lucha contra las actividades de distribución en la red tipificadas como ilícitas en la investigación de los servidores de descarga directa (FTP) y en las páginas de enlaces P2P. Según los datos que manejan, un servidor puede disponer de más de 30.000 obras, las cuales se pueden descargar ilimitadamente, hasta llegar a las 10.000 copias diarias. Estos servidores se financian a través de la publicidad. El balance policial de Interior incluye un dato, según el estudio realizado por CoPeerRight, el 89% de las 200 páginas Web ilícitas más utilizadas en España perciben ingresos por esta vía.

Otro método frecuente de financiación es la venta de los datos personales de los usuarios que se registran en las páginas. Las empresas que los compran, no sólo adquieren direcciones de correo electrónico a las que legalmente pueden mandar publicidad, sino además indicadores sobre los hábitos de consumo de los titulares. Otra vía de financiación son las cuotas mensuales de los abonados suscritos.

Se trata del primer año de actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual, adscrita al Ministerio de Educación, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2011. Desde entonces, titulares de los derechos de la propiedad intelectual han iniciado más de 300 expedientes, con casos concretos de retirada de contenidos.